La entidad nacional advirtió que la medida impulsada por el Ministerio Público Fiscal, que restringe la difusión de información y prevé sanciones para quienes incumplan el protocolo, desalienta el vínculo legítimo con la prensa y afecta el acceso a la información pública.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) manifestó públicamente su profunda preocupación ante el impacto institucional de la Resolución General 26/2026, emitida por el fiscal general de la Corte de Justicia de San Juan, Guillermo Baigorri. La normativa bajo la lupa establece nuevas y estrictas pautas para la comunicación de información pública por parte de los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la provincia.
Según denunció la entidad periodística a través de un comunicado oficial, la normativa aprobada el pasado 12 de junio crea un Protocolo de Actuación para el manejo de la información pública. Entre sus puntos más polémicos, fija severas restricciones al contacto directo entre fiscales, funcionarios y medios de comunicación, desalentando las consultas sobre causas judiciales en trámite.
La resolución centraliza toda la difusión de las novedades judiciales a través de una Oficina de Comunicaciones y determina que los integrantes del Ministerio Público Fiscal deberán abstenerse de brindar información no autorizada a la prensa. El aspecto más preocupante de la medida es que contempla posibles sanciones administrativas, disciplinarias, civiles o penales para aquellos funcionarios que incumplan con el protocolo y difundan información sin el aval oficial.
Desde FOPEA señalaron que, si bien es comprensible que la comunicación institucional requiera de ciertos mecanismos de organización interna, resulta sumamente preocupante que estas disposiciones incluyan restricciones respaldadas por amenazas de castigos. “La consecuencia es el desaliento del vínculo legítimo entre fuentes de interés público y quienes tienen por función informar a la ciudadanía”, advirtió la organización el pasado jueves.
La entidad remarcó que la relación cotidiana entre periodistas y fuentes judiciales forma parte del principio de publicidad de los actos de gobierno. En este sentido, alertó que interpretar dicho intercambio informativo como una conducta pasible de sanción implica un grave desconocimiento de los principios constitucionales vinculados al acceso a la información pública.
Finalmente, FOPEA recordó que el actual sistema acusatorio vigente en la provincia de San Juan se basa estructuralmente en los principios de publicidad y transparencia del proceso penal. Por tal motivo, afirmaron que cualquier regulación que limite la circulación de datos resulta contradictoria con el modelo judicial y exhortaron a las autoridades del Poder Judicial sanjuanino a revisar el alcance de la resolución para resguardar la libertad de expresión.
