Tras más de seis semanas de intensas protestas y 46 bloqueos de rutas que afectaron a cinco departamentos, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional. La medida, que entró en vigor a partir de este sábado, busca garantizar la libre circulación y asegurar el desabastecimiento de productos esenciales como alimentos, combustible y medicamentos.
El mandatario argumentó que la decisión se tomó tras agotar todas las vías de diálogo y con el fin de neutralizar a los sectores que utilizan la violencia para desestabilizar al país. Hasta el momento, las movilizaciones han dejado un trágico saldo de 16 muertes, 13 de ellas debido a la falta de atención médica oportuna ocasionada por los cercos viales. El conflicto comenzó el pasado 6 de mayo, impulsado principalmente por sectores afines al exmandatario Evo Morales y la Federación Departamental de Campesinos Túpac Katari. Aunque el Gobierno logró un acuerdo el viernes con la Central Obrera Boliviana (COB) para levantar las presiones, las facciones más radicales rechazaron el pacto y prometieron mantener los cortes de ruta.
Principales prohibiciones bajo el decreto:
- Bloqueos viales: Queda terminantemente prohibida cualquier interrupción en calles, avenidas, caminos y carreteras que afecte el tránsito de personas o de bienes esenciales.
- Uso de materiales peligrosos: Está prohibido portar armas, explosivos, sustancias inflamables y combustible en envases no autorizados durante cualquier tipo de concentración o movilización.
- Restricción de alcohol y toque de queda: Las autoridades podrán limitar temporalmente la venta de bebidas alcohólicas y aplicar toques de queda exclusivamente en las zonas de mayor conflicto definidas por el Ministerio de Defensa.
Lo que sí está permitido: Desde el Poder Ejecutivo aclararon que la medida no suspende los derechos fundamentales de la ciudadanía ni paraliza la economía. Fuera de los perímetros específicos de tensión, las actividades laborales, educativas, comerciales y financieras continuarán con total normalidad. Asimismo, las reuniones públicas fuera de las áreas restringidas siguen autorizadas y se garantizó el pleno respeto a la libertad de expresión y al derecho a la información.
Para la implementación de esta medida, las Fuerzas Armadas brindarán apoyo temporal y coordinado a la Policía Boliviana, con la misión estricta de liberar los caminos cercados y resguardar la infraestructura estratégica del país. Este estado de emergencia nacional tiene una vigencia máxima de 90 días, aunque las autoridades confirmaron que podrá ser levantado antes si cesan por completo los focos de violencia y los bloqueos viales.
