Los tres imputados por la millonaria estafa automotriz denunciaron haber sido víctimas de graves amenazas, hostigamientos y agresiones físicas. Ante el peligro inminente para su integridad, la defensa solicitó su reubicación inmediata dentro del Servicio Penitenciario Provincial, medida que ya fue ejecutada por las autoridades.
Los tres principales acusados de encabezar la millonaria defraudación a través de la firma Branka Motors, quienes actualmente cumplen prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, debieron ser trasladados de urgencia de pabellón tras denunciar que eran blanco de constantes agresiones físicas, extorsiones y amenazas por parte de otros internos de la población carcelaria común.
La drástica medida de seguridad fue solicitada con carácter de «urgente» por el abogado defensor de los imputados, el Dr. José Daniel Tejada. El pedido formal de resguardo físico benefició de inmediato a Alexis Javier Marcó, Jonatan David Marcó y Facundo Agustín Banega, quienes apenas llevaban unos pocos días alojados en el Penal de Chimbas tras dictárseles la prisión preventiva el pasado viernes.
Según detalló la defensa en su presentación judicial, los tres jóvenes se encontraban en una situación de extrema «desprotección» en el Pabellón Nº 2, Sector 1, un área perteneciente a la estructura más antigua de la cárcel. En dicho lugar, habrían sido víctimas de «innumerables hostigamientos, humillaciones, extorsiones y violencia física manifiesta», lo que motivó el fundado temor de que la escalada de agresiones tuviera consecuencias trágicas para su integridad física y psicológica.
Ante el riesgo inminente, el letrado Tejada solicitó formalmente el traslado al Sector 4, Pabellón 1, un espacio conocido internamente como «Los Espartanos», caracterizado por un régimen de convivencia e inclusión diferente. Las autoridades de la institución penal hicieron lugar al requerimiento de inmediato para salvaguardar la vida de los detenidos.
Una millonaria fianza rota y el regreso al penal
Cabe recordar que los hermanos Marcó y Banega regresaron tras las rejas luego de que la jueza de Garantías, Ana Carolina Parra, dictara una prisión preventiva por el término de cinco meses. La resolución judicial se produjo tras frustrarse de manera escandalosa el millonario acuerdo de reparación económica que los imputados habían firmado previamente con la fiscalía y los abogados de las querellas.
El pacto original estipulaba que los acusados abonarían una suma global de 524 millones de pesos, dividida en cinco cuotas consecutivas, destinada a resarcir parcialmente a los 352 damnificados detectados en la causa. Sin embargo, los imputados incumplieron el pago del primer desembolso acordado.
Durante la tensa audiencia celebrada el pasado viernes, el fiscal Guillermo Heredia arremetió contra el accionar de los acusados, sosteniendo que no actuaron de buena fe y que poseían el sustento económico suficiente para cumplir lo prometido pero optaron por dilatar los plazos de la justicia. A su turno, las querellas fueron aún más severas y calificaron la maniobra como una «doble estafa», argumentando que primero engañaron a cientos de ahorristas sanjuaninos y luego burlaron al propio sistema judicial.
Aunque en un principio Alexis Marcó y Facundo Banega intentaron excusarse afirmando que la transferencia bancaria correspondiente ya se había iniciado, una representante de la Oficina de Medidas Alternativas desmintió rotundamente dicha versión al exponer que no existía acreditación ni depósito alguno. Ante la contundencia de las pruebas, los detenidos terminaron confesando que no habían conseguido un préstamo que esperaban obtener en la vecina provincia de Mendoza ni habían podido cobrar una serie de pagarés para reunir los fondos comprometidos.
Frente a este escenario de incumplimiento deliberado, la jueza Parra dejó sin efecto el beneficio de la libertad, ordenó la continuidad de la investigación penal —que tiene plazo fijado hasta marzo del año próximo— y dictó la prisión preventiva por el peligro de entorpecimiento del proceso y los antecedentes de evasión a las obligaciones impuestas.
Fue justamente en ese contexto de encierro preventivo que se desencadenaron los hechos de violencia intra-muros denunciados por la defensa, forzando su urgente reubicación en «Los Espartanos», donde continuarán privados de su libertad a la espera del avance de la causa penal.
