El Gobierno provincial busca poner fin a la incertidumbre jurídica de miles de vecinos convocando a los municipios para destrabar una deuda habitacional que lleva años de espera.
En un esfuerzo concreto por dar seguridad jurídica a los hogares sanjuaninos, el Ejecutivo provincial ha decidido convocar a las autoridades municipales de todo el territorio para avanzar en la regularización de más de 10.000 viviendas que hoy se encuentran sin su documentación legal al día. Lo que comenzó como una maraña administrativa para miles de familias está empezando a tener una hoja de ruta clara.
La estrategia, liderada por la Asesoría Letrada de Gobierno, se concretará en una reunión clave la próxima semana. La idea no es solo burocrática: se busca unificar criterios de trabajo entre la provincia y las comunas para limpiar los expedientes que, por trabas técnicas o falta de coordinación, quedaron frenados en el tiempo.
Vale recordar que, al asumir la actual gestión, se detectó un padrón cercano a las 12.000 viviendas en situación irregular. A pesar de que se logró escriturar el hogar de unas 2.000 familias en el último tiempo, la cifra de pendientes sigue siendo un desafío importante. El problema, cabe señalar, va más allá del IPV: afecta también a loteos municipales, cooperativas, sindicatos y uniones vecinales que quedaron atrapados en laberintos administrativos.
Para el vecino de a pie, tener la escritura no es un detalle menor. Es, en esencia, la posibilidad de disponer libremente de su bien, realizar sucesiones o gestionar donaciones sin los dolores de cabeza que implica la informalidad. Esta convocatoria es un paso necesario para que miles de sanjuaninos dejen de ser ocupantes y se conviertan, finalmente, en los dueños legítimos de sus casas.
