Tras el fuerte repunte registrado durante el mes de marzo, el EMAE mostró una desaceleración en el cuarto mes del año. El Palacio de Hacienda apuesta a que a partir de mayo se consolide un ciclo de crecimiento sostenido fundado en reformas estructurales, mientras diversos sectores plantean dudas sobre los tiempos de la reactivación privada.
La actividad económica en la República Argentina registró una contracción del 1,5% durante el pasado mes de abril en términos intermensuales desestacionalizados, de acuerdo con el último informe técnico del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Este retroceso se produce inmediatamente después del marcado repunte del 3,5% evidenciado en marzo, exponiendo la marcha sinuosa y la volatilidad que viene experimentando el proceso de estabilización financiera.
A pesar del retroceso mensual, el indicador arrojó un respiro para los despachos oficiales al consolidar una variación interanual positiva del 1,6% respecto a igual mes del año anterior. Con este resultado, el balance acumulado de la actividad económica en lo que va del primer cuatrimestre del año conserva un leve sesgo expansivo del 0,3%.
Esta dinámica pendular reaviva el debate en torno a los plazos reales de la reactivación. La cifra de abril representa un riguroso examen de realidad para la hoja de ruta trazada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien recientemente ratificó en declaraciones periodísticas que a partir del bimestre mayo/junio darían comienzo «los mejores 18 meses de las últimas décadas» para el país.
Desde la óptica oficial, el Palacio de Hacienda sostiene que una vez iniciado el sendero favorable, la fase de prosperidad tiende a retroalimentarse. Para apuntalar esta transición, el Ejecutivo nacional fundamenta sus proyecciones en un paquete de medidas que incluye la concesión de unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales, la modernización del marco laboral y la reducción del costo de desvinculación empresarial, permitiendo a las firmas conocer con precisión los costos de eventuales despidos.
Sin embargo, la implementación de estas herramientas clave no ha estado exenta de contratiempos en el escenario político y fiscal. Piezas arquitectónicas de la reforma, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) —concebido para dar previsibilidad a los empleadores ante despidos—, debieron postergarse hasta el próximo mes de noviembre debido a las estrictas metas de equilibrio presupuestario.
En idéntico sentido, la denominada Ley de Inocencia Fiscal transita un complejo escenario en el Congreso de la Nación, afectada por las discusiones técnicas planteadas por diversos colegios de graduados en ciencias económicas y por controversias políticas ligadas a la inclusión de funcionarios públicos en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG).
Ante este panorama de demoras legislativas y restricciones fiscales, el programa de concesiones viales emerge como el principal dinamizador inmediato. No obstante, representantes del sector de la construcción advierten, bajo estricta reserva, que la obra pública representa históricamente apenas un 30% de la actividad global del rubro. El 70% restante, concluyen, dependerá del despertar genuino de la inversión privada, cuyo protagonismo definitivo sigue siendo la gran incógnita del segundo semestre del año.
