Tras la sanción por amplia mayoría en la Cámara de Diputados de San Juan, la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de la provincia celebró la normativa. Destacan que la mayor ventaja será contar con un marco legal sólido para negociar más oportunidades en las contrataciones de bienes, obras y servicios.
El sector minero y su cadena de valor local viven horas de profunda expectativa y definiciones tras una jornada histórica en la Legislatura provincial. Con 33 votos afirmativos y solo dos en contra, la Cámara de Diputados aprobó este jueves la Ley de Desarrollo Local Minero, un proyecto medular impulsado por la gestión del gobernador Marcelo Orrego que busca establecer reglas de juego claras para blindar el trabajo y la producción de origen sanjuanino.
Inmediatamente después de conocerse el resultado del recinto, las voces de los protagonistas comenzaron a replicarse. Uno de los testimonios más esperados era el de la Cámara de Proveedores Interdepartamentales Mineros de San Juan (CAPRIMSA), entidad que venía siguiendo con lupa cada artículo del proyecto e incluso había sugerido modificaciones clave en los días previos para garantizar la inclusión institucional explícita de los proveedores en el articulado original de la norma.
En diálogo con la prensa, el referente de CAPRIMSA expresó su absoluta conformidad con el desenlace legislativo, aunque advirtió que la aprobación es solo el primer paso de un largo camino. «Estamos conformes con la ley aprobada, ahora empieza el trabajo de campo», manifestaron desde la conducción de la entidad, subrayando el enorme salto cualitativo que significa pasar de la voluntad política a un entorno institucional regulado por ley.
El valor del respaldo legal
Para CAPRIMSA, liderada por Fernando Godoy, la trascendencia de esta jornada radica en que, a partir de ahora, las negociaciones para obtener mayores y mejores oportunidades para las pymes locales no dependerán del «humor del político de turno» ni de los vaivenes de un decreto reglamentario modificable.
«La mayor ventaja es que ahora las negociaciones por más oportunidades tendrán un respaldo legal», remarcaron desde la cámara proveedora. En la antesala del debate parlamentario, la entidad había hecho especial hincapié en asegurar que los proveedores interdepartamentales quedaran contemplados dentro de la letra chica de la ley, buscando dotar de transparencia, previsibilidad y equidad al esquema de contratación de los grandes proyectos metalíferos que se avecinan en la provincia.
Los tres pilares de una ley estratégica
La Ley de Desarrollo Local Minero se estructura sobre bases sólidas orientadas al impacto socioeconómico directo en las comunidades sanjuaninas:
- Empleo local garantizado: La norma fija la meta de que el 80% de los trabajadores en cada operación minera sean residentes de San Juan, priorizando de manera directa a los habitantes de los departamentos de influencia inmediata de los yacimientos (como Iglesia, Jáchal, Calingasta, Sarmiento y Valle Fértil).
- Fortalecimiento de la cadena de valor: Establece como objetivo que el 60% del monto anual de las contrataciones en bienes, obras y servicios sea adjudicado a empresas radicadas en San Juan, impulsando además esquemas asociativos y consorcios entre firmas locales y corporaciones de mayor envergadura para afrontar contratos de alta complejidad técnica.
- Inversión comunitaria planificada: Vincula las acciones de responsabilidad social de las operadoras mineras con los planes estratégicos de desarrollo urbano de cada municipio, evitando que la inversión en salud, educación e infraestructura consista en esfuerzos aislados.
Lo que viene: el «trabajo de campo»
Una vez promulgada la norma, las empresas mineras dispondrán de plazos de entre 60 y 90 días para presentar sus respectivos planes iniciales de empleo y contratación de proveedores locales. Es allí donde CAPRIMSA avizora el verdadero desafío: el monitoreo en territorio, la articulación de la oferta local con los requerimientos técnicos de los proyectos y la verificación de que el espíritu del «compre sanjuanino» se traslade de los papeles a los hechos comerciales.
«El marco normativo ya está dado y el consenso político ha sido contundente. Ahora nos toca a los proveedores demostrar que estamos a la altura de la demanda de competitividad del mercado y salir a disputar cada contrato con la ley en la mano», concluyeron desde el sector.
