Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a cinco personas tras realizar siete allanamientos simultáneos. Las mujeres eran captadas bajo falsas ofertas laborales y trasladadas a Buenos Aires.
En el marco de una extensa investigación impulsada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos del DFI de la Policía Federal Argentina (PFA) lograron desarticular una compleja organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en la provincia de Tucumán, los investigadores rescataron a ocho mujeres víctimas de este flagelo.
El origen de la investigación
La pesquisa se inició en agosto de 2025, cuando el personal del Departamento Trata de Personas de la PFA detectó en la Terminal de Ómnibus de Retiro el arribo de dos mujeres procedentes de Tucumán. Una de ellas contaba con una solicitud de paradero vigente radicada por sus familiares, lo que motivó la intervención inmediata de la fuerza policial.
Tras activar el Protocolo de Alerta Temprana y realizar entrevistas especializadas de asistencia, se establecieron claros indicadores del delito de trata de personas. Las primeras averiguaciones confirmaron que una de las mujeres había sido captada bajo una falsa oferta laboral y trasladada a Buenos Aires con fines de explotación sexual.
A partir de allí, la Justicia dispuso el secuestro y peritaje de diversos dispositivos electrónicos, cuyo análisis resultó clave para reconstruir el entramado delictivo e identificar los roles de cada integrante de la banda criminal.
El modus operandi: captación, traslados y «Agente Revelador Digital»
Durante varios meses, los investigadores de la PFA desarrollaron tareas de inteligencia criminal, incluyendo el uso de la figura del «Agente Revelador Digital». Gracias a esto, se determinó que la organización captaba a mujeres en situación de vulnerabilidad en distintas provincias y las trasladaba a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una vez allí, las víctimas eran explotadas en departamentos de alquiler temporario, una modalidad utilizada adrede por la banda para evadir controles y dificultar la detección policial.
En la provincia de Tucumán, la red contaba con una captadora encargada de seleccionar a las víctimas, mientras que un cómplice hombre se ocupaba del traslado en vehículos particulares o transporte de larga distancia hacia la capital del país.
Detenciones y allanamientos
Con el total de las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, liderado por el Dr. Sebastián Casanello (Secretaría Nº 13 a cargo del Dr. Santiago Maldonado), ordenó la realización de siete allanamientos simultáneos. Tres se llevaron a cabo en el barrio porteño de Palermo, dos en la localidad bonaerense de Villa Tesei, uno en Castelar y el restante en la ciudad tucumana de Yerba Buena.
Los operativos —que contaron con la colaboración de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Tucumán-Sur de la PFA— culminaron con el exitoso rescate de las ocho mujeres y la detención de cinco integrantes de la banda: tres mujeres (dos colombianas y una argentina) y dos hombres de nacionalidad venezolana.
En los inmuebles, la policía secuestró teléfonos celulares, notebooks, CPU, tarjetas SIM, seis cuadernos con anotaciones clave y otros elementos de interés para la causa. Los cinco detenidos quedaron a disposición del magistrado interventor bajo los cargos de infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas.
