El Tribunal Oral Federal 4 dictó sentencia dos décadas después de que estallara el primer gran escándalo de corrupción de la obra pública kirchnerista. Los exfuncionarios fueron hallados culpables de cohecho y administración fraudulenta por el direccionamiento de las obras de ampliación de gasoductos en 2006. Para el exministro de Planificación Federal, representa su quinta condena penal.
A veinte años del inicio de una de las investigaciones más emblemáticas sobre el manejo de los fondos públicos en el país, la Justicia Federal dictó un fallo histórico. El Tribunal Oral Federal 4 condenó a los exfuncionarios nacionales Julio De Vido y José López a la pena de 5 años de prisión tras encontrarlos penalmente responsables de montar un esquema de retornos y sobreprecios con la constructora sueca Skanska.
El entramado de las coimas en los gasoductos
El objeto del juicio, que demandó un extenso proceso de 47 audiencias desde su apertura en abril de 2024, fue determinar el direccionamiento fraudulento de las licitaciones para la ampliación de los sistemas de los gasoductos norte y sur (TGN y TGS). Los jueces Néstor Costabel, Jorge Gorini y María Gabriela López Iñiguez validaron la hipótesis de los fiscales Abel Córdoba y Joaquín Gaset, dictaminando que existió una maniobra conjunta y coordinada para favorecer a la firma europea mediante concursos privados injustificados a cambio del cobro de coimas.
Tanto el exministro de Planificación Federal como su entonces secretario de Obras Públicas recibieron la pena de 5 años de cárcel e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, bajo los cargos de cohecho pasivo en concurso ideal con administración fraudulenta. En la misma resolución, el tribunal dispuso la absolución de otros 17 imputados debido a que el Ministerio Público Fiscal desistió de las acusaciones al no acreditarse sus responsabilidades directas en el expediente.
El frondoso historial penal de De Vido
Con este nuevo revés en los tribunales de Comodoro Py, Julio De Vido acumuló de manera oficial su quinta condena penal por delitos vinculados al ejercicio de la función pública durante sus años al frente del extinto Ministerio de Planificación.
El exministro ya cuenta en su historial con una condena firmada por la Corte Suprema de Justicia de 4 años de prisión por la Tragedia de Once —causa por la que actualmente goza del beneficio de arresto domiciliario en su propiedad de Zárate—.
A ese expediente se le suman otras tres sentencias condenatorias previas: una pena de 4 años por la adquisición de los denominados «Trenes Chatarra» a España y Portugal, otros 4 años por el pago de sobreprecios en la importación de Gas Natural Licuado (GNL), y una condena de 3 años de ejecución en suspenso ligada a las operaciones de la constructora brasileña Odebrecht, causa que se había desprendido precisamente de las primeras declaraciones del caso Skanska en el año 2006.
