El 13 de julio de 2026 marcó un punto de inflexión en la Comisión Paritaria Negociadora de San Juan. En una sesión que se extendió hasta la noche, el clima en el Centro Cívico fue de alta tensión, reflejando la complejidad de la realidad económica que atraviesan los docentes.
La jornada estuvo marcada por una división sindical profunda. Mientras que UDAP y AMET decidieron aceptar la propuesta oficial del Gobierno, priorizando la urgencia de actualizar los salarios y evitar quedar sin incrementos durante el mes de julio, el sector de UDA se plantó en la vereda opuesta. Tras una consulta a sus bases, rechazaron la propuesta por un abrumador 99,08%, denunciando que los aumentos son «cifras simbólicas» que no logran cubrir el costo de vida y que, en la práctica, perpetúan «sueldos de pobreza» en el sector educativo.
A pesar del rechazo, UDA dejó una puerta abierta al diálogo, subrayando su intención de seguir negociando en la paritaria para conseguir una mejora más directa en el bolsillo de los trabajadores. Por su parte, el Ejecutivo provincial se defendió con vehemencia, asegurando que su gestión ha logrado que el salario docente supere a la inflación y presumiendo de una mejora estructural: San Juan pasó de tener los sueldos docentes más bajos del país (puesto 22 en 2023) a ocupar hoy el séptimo lugar.
Más allá de los cruces, lo concreto es que se oficializó un esquema de aumentos para los próximos meses. El valor índice se fijó en 947,2338 para julio y trepará hasta 1.004,9203 en octubre. En términos de bolsillo para un maestro de grado jornada simple, el sueldo básico iniciará en $486.878,17 en julio, llegando a $516.529,05 en octubre. Además, se garantiza un salario neto que alcanza los $943.999,87 hacia octubre, incluyendo el nuevo concepto de «Nueva Conectividad San Juan».
La partida no termina aquí. Se estableció una cláusula de revisión fundamental para el lunes 2 de noviembre de 2026, fecha en la que se pondrá bajo la lupa la inflación acumulada frente a los incrementos aplicados. Mientras tanto, el Gobierno se comprometió a analizar reclamos pendientes, como la liquidación de bonos, las «Décimas», la agilización de trámites de titularización y la actualización de los salarios familiares.
