Rodolfo López, fundador de COMINSA (Compañía Minera de Iglesia S.A.), una empresa nacida en la localidad de Rodeo y dedicada al transporte de personal y logística en el sector minero, analizó con dureza el escenario actual que enfrentan las pequeñas y medianas empresas (pymes) locales. En una entrevista central con Radio Colón, el empresario advirtió que las normativas vigentes corren el riesgo de convertirse en «letra muerta» si no existe un cambio en los procesos de licitación de las grandes operadoras y un plan formativo integral. Además, junto a referentes de las cámaras sectoriales, alertaron sobre la fragilidad de la licencia social en las comunidades si el compre local es desplazado por empresas de otras provincias.
Exigencias desmedidas y la necesidad de formación
López explicó que COMINSA cuenta actualmente con el 70% de su personal —entre choferes y mecánicos— reclutado en el departamento Iglesia. El principal desafío de la firma radica en adaptar sus estructuras operativas a las rigurosas exigencias de procesos y procedimientos de la minería de gran escala. Sin embargo, denunció que las operadoras mineras suelen dar por sentado que las pequeñas pymes comunitarias ya poseen los estándares corporativos requeridos, en lugar de actuar como agentes de formación.
Rodolfo López (COMINSA): «Más que una amenaza en la competencia de afuera, veo una amenaza en lo mucho que cuesta a los pequeños proveedores poder desarrollarse si no hay un acompañamiento de las operadoras. Muchas veces no necesitamos que venga la gran operadora a suscribir un contrato o asegurarnos un ingreso; lo que se necesita es que se nos instruya y capacite para cumplir con esos estándares. Creo que es más una declamación el desarrollo de proveedores que un hecho en sí o una realidad».
El empresario enfatizó que el cumplimiento de los estándares no se resuelve con asistencia económica por parte de los proyectos, sino con un plan claro de inserción: «No basta una ley. Si las licitaciones con ciertos requerimientos te excluyen de manera indirecta, la ley cae en letra muerta directamente», argumentó.
El debate sobre el modelo de Chile y la cadena de valor
Por su parte, los dirigentes de las cámaras empresariales que participaron de la mesa de debate salieron al cruce de versiones que minimizan el impacto regulatorio en el ámbito internacional. Señalaron que en la República de Chile existe un compromiso y una legislación nacional que obliga a las grandes operadoras mineras a ejecutar de forma efectiva los planes de desarrollo de proveedores para consolidar su cadena de valor.
- Competitividad desleal: Se argumentó que el mercado chileno posee ventajas en términos impositivos y de costos estructurales.
- Exclusión de pymes locales: Se reiteraron las críticas por el manejo de las rondas de negocios en proyectos de envergadura, como Vicuña, donde se permite la inscripción sobre la marcha de grandes empresas procedentes de provincias como Tucumán, en desmedro de los proveedores sanjuaninos.
Alerta por la pérdida de la licencia social en San Juan
Uno de los puntos más críticos del debate giró en torno a la sustentabilidad social de la actividad minera en San Juan de cara a las grandes explotaciones de cobre. Los referentes del sector advirtieron que la licencia social no es un concepto garantizado, sino una pauta que depende directamente del beneficio tangible que perciba la comunidad donde se asienta el yacimiento.
Advertencia de las cámaras sectoriales: «La licencia social está pautada entre el contrato social del Estado y la sociedad. Si la sociedad no ve que la actividad les repercute económicamente a ellos, la licencia social se cierra. Cuando se pierde la licencia social, recuperarla es muy difícil; ya lo hemos visto en los conflictos y la parálisis minera de provincias como Chubut o con la Ley 7722 en Mendoza».
Los empresarios criticaron la falta de «tacto y delicadeza» de grandes operadoras que subcontratan la construcción de infraestructura básica —como los campamentos mineros— a firmas totalmente ajenas a la provincia, a pesar de que la industria nacional ha demostrado su capacidad técnica en proyectos históricos desde Jujuy hasta Santa Cruz. «Se trata de un tema de gestión política; el gobernador y los intendentes deben gestionar con las operadoras para conseguir que el cobre deje valor agregado en San Juan y no lo veamos pasar», concluyeron.
