Se trata de Ariel Hernán López Vera, quien había recibido una condena de 8 meses de prisión en suspenso por violencia de género en 2022. Tras el avance de un sumario administrativo y luego de haber sido apartado de las funciones operativas por no estar apto psicológicamente, el Gobierno provincial aplicó la sanción más severa y decretó su expulsión definitiva.
El Gobierno provincial hizo efectiva la sanción disciplinaria más drástica para un integrante de las fuerzas de seguridad al disponer la exoneración de Ariel Hernán López Vera, un efectivo que se desempeñaba como cabo del Cuerpo Técnico (Escalafón Bombero) de la Policía de San Juan. La medida cierra un proceso administrativo que se extendió por más de cuatro años tras un grave episodio de violencia intrafamiliar.
El hecho originario ocurrió el 13 de marzo de 2022 en perjuicio de su entonces pareja. Tras la denuncia e intervención de la UFI CAVIG, la causa recayó en el Fuero Especial de Flagrancia. Apenas 48 horas después de la agresión, el 15 de marzo de 2022, la Justicia condenó a López Vera a 8 meses de prisión de cumplimiento condicional como autor de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso real con daño simple. El fallo incluyó una perimetral de restricción de 200 metros y la prohibición absoluta de contacto con la víctima.
Inaptitud psicológica, sumario y la máxima sanción administrativa
De manera paralela al expediente penal, la Policía de San Juan inició en abril de 2022 un sumario administrativo. En una primera instancia, el cabo fue despojado de su arma reglamentaria y retirado de las tareas operativas para cumplir labores estrictamente administrativas, luego de que exámenes de Sanidad Policial determinaran que no contaba con la aptitud psicológica necesaria para el servicio. Asimismo, informes de la Dirección Bomberos tildaron su rendimiento funcional de «regular».
Hacia septiembre de 2023 se había dictado su cesantía preventiva. Sin embargo, tras la finalización de las actuaciones y al constatarse la comisión de una «falta administrativa grave» vinculada a la sentencia firme por violencia de género, el Poder Ejecutivo provincial emitió un decreto que transformó la cesantía en exoneración. Esta figura implica la separación definitiva y la pérdida de todo beneficio dentro de las filas de la Policía de San Juan.
