El E.P.R.E., junto a los ministerios de Producción e Infraestructura, trabaja en la aplicación inmediata del beneficio para el sector agroindustrial. Buscan que la reducción del impuesto se traslade de forma directa a la factura de energía.
En el marco de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, el Directorio del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.) encabezó hoy una jornada de trabajo técnico clave para el sector productivo local. El encuentro contó con la participación de autoridades del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación (a través de las secretarías de Agricultura y Ganadería, e Industria, Comercio y Servicios) y del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía (Dirección de Recursos Energéticos), junto a representantes de las Cámaras Agroindustriales de la provincia.
El objetivo central de la sesión fue establecer protocolos de validación expeditivos que aseguren el traslado efectivo del beneficio tributario al costo final de la energía. La medida consiste en la reducción de la alícuota del IVA al 10,5% para la provisión de energía eléctrica utilizada específicamente en sistemas y equipos de riego.
Desde el organismo regulador destacaron que se busca eliminar redundancias burocráticas para que el alivio financiero llegue al productor de manera ágil. En este sentido, el E.P.R.E. instruirá y supervisará la adecuación de los sistemas de facturación de las empresas distribuidoras de energía, garantizando que la rebaja impacte de forma directa y sea auditable en cada medidor vinculado a la producción.
Esta disposición de alcance nacional responde a la necesidad de mitigar el fuerte impacto que tiene el componente energético en la estructura de costos del servicio eléctrico para el riego. Para San Juan, una provincia donde el uso eficiente del agua depende directamente del bombeo y la tecnología de riego, la medida representa un soporte fundamental para la competitividad de la cadena agroindustrial.
Con esta implementación, se espera que los suministros beneficiarios vean reflejada la disminución impositiva en sus próximas liquidaciones, bajo la estricta auditoría de las autoridades provinciales.
