El Gobierno nacional ordenó la reanudación inmediata del servicio marítimo y fluvial bajo amenaza de iniciar acciones penales y sumarios administrativos. La medida de fuerza de más de 500 profesionales frena la Hidrovía en rechazo a un decreto desregulador impulsado por Federico Sturzenegger.
El conflicto en las vías navegables y puertos del país escaló a un punto crítico en las últimas horas. La Prefectura Naval Argentina (PNA) intimó formalmente a 536 profesionales del servicio de practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma urgente, tras la declaración de un paro por tiempo indeterminado que mantiene paralizado el tránsito de buques de granos, insumos energéticos y mercaderías.
La fuerza de seguridad notificó individualmente a los especialistas advirtiendo que, de persistir la medida de fuerza, se iniciarán sumarios administrativos y denuncias penales por el entorpecimiento del transporte por agua. Dichas figuras contemplan penas de hasta ocho años de prisión.
El origen del conflicto técnico radica en la firma del Decreto 690/2026, promovido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado. La norma derogó el régimen vigente desde 1991, abrió un registro público de profesionales, eliminó las restricciones de ingreso a la actividad, quitó la rotación obligatoria por tramos geográficos y otorgó libertad a las empresas para fijar y elegir prestadores con techos tarifarios. Frente a este nuevo esquema, las agrupaciones del sector frenaron la actividad en reclamo de su derogación.
