La abogada querellante Filomena Noriega confirmó en Radio Colón que este miércoles se tratará en audiencia la homologación de un juicio de resolución alternativa. Los tres imputados reconocieron las estafas y aceptaron cumplir 5 años de pena en el Servicio Penitenciario Provincial, pero no reintegrarán el dinero a los damnificados, a quienes solo les quedará la vía civil.
Un giro determinante y agridulce atraviesa la causa penal por las masivas estafas cometidas a través de la firma comercial «Branka Motors», dedicada a la venta de vehículos y motocicletas en San Juan. En diálogo con Radio Colón, la abogada de los damnificados, Dra. Filomena Noriega, brindó detalles cruciales antes del inicio de la audiencia fijada para las 11 horas.
Según precisó la letrada, el fiscal de la causa, Dr. Guillermo Heredia, e integrantes del Ministerio Público Fiscal pactaron con la defensa de los tres acusados un acuerdo de resolución alternativa de conflicto. Mediante este procedimiento, los imputados reconocieron su culpabilidad en el delito de estafa y acordaron cumplir 5 años de prisión de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial.
Sin devolución de fondos y el malestar de las víctimas
La medida representa un duro golpe para las familias perjudicadas. Meses atrás, los acusados habían firmado un compromiso judicial para devolver en cinco cuotas el dinero a las víctimas, plan que incumplieron de forma absoluta desde el primer vencimiento, motivo por el cual fueron capturados y detenidos. Con el nuevo acuerdo impulsado por la fiscalía, los acusados aceptan la cárcel efectiva pero sin la opción de reintegro de fondos o bienes.
Noriega explicó que la jueza Carolina Parra deberá evaluar la homologación de la pena propuesta, escuchando la postura no vinculante de la querella. «Los damnificados no están para nada conformes con la parte penal porque tenían la esperanza de recuperar su dinero. Quedará expedita la vía civil por daños y perjuicios o cumplimiento contractual, pero no se sabe dónde fue a parar el dinero, ni si existe espalda crediticia para afrontar semejantes demandas», concluyó la defensora.
