La jueza de Garantías, Ana Carolina Parra, resuelve si valida el acuerdo de juicio abreviado presentado por la UFI de Delitos Informáticos contra Facundo Banega y los hermanos Alexis y Jonatan Marcó. La pena pactada es de 5 años de cárcel efectiva, pero las querellas se oponen firmemente al no contemplar resarcimiento por el perjuicio de $573 millones.
La causa judicial por la megaestafa de la concesionaria Branka Motors ingresó en una jornada clave en los Tribunales de San Juan. La jueza de Garantías Ana Carolina Parra debe determinar si homologa o rechaza el acuerdo de juicio abreviado alcanzado entre el fiscal Guillermo Heredia (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) y la defensa de los tres acusados: Facundo Banega, Alexis Marcó y Jonatan Marcó.
El caso, que involucra a 365 damnificados y un perjuicio económico que asciende a 573 millones de pesos mediante la venta fraudulenta de motocicletas bajo un esquema de tipo Ponzi, contempla en el acuerdo una pena de 5 años de prisión efectiva tras la confesión de los imputados.
Rechazo de las querellas y antecedentes de acuerdos rotos
El foco del malestar radica en que el juicio abreviado penal no estipula ningún tipo de devolución o compensación económica para las víctimas. Los abogados querellantes anticiparon que, en caso de que la magistrada homologue la condena sin contemplar la reparación del daño, acudirán en apelación ante el Tribunal de Impugnación.
El proceso ya cuenta con un antecedente frustrado: a comienzos de 2026, a través del mecanismo de Justicia Restaurativa, los acusados habían obtenido la libertad provisoria bajo la promesa de saldar el perjuicio en cuotas a partir de abril. Al incumplir con el primer depósito, la Justicia revocó el beneficio y ordenó su inmediata detención el pasado 8 de mayo, momento desde el cual permanecen tras las rejas en el Servicio Penitenciario Provincial.
