La maniobra fue descubierta cuando un afiliado detectó en la app Ciudadano Digital (CIDI) prestaciones que nunca recibió. En juicio abreviado, dos médicos y un bioquímico admitieron su culpabilidad y recibieron penas de prisión en suspenso. Una kinesióloga fue sobreseída por falta de pruebas.
La Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) del Norte cerró un resonante caso de corrupción médica con la condena de tres profesionales de la salud por el delito de Defraudación a la Administración Pública (Art. 174 inc. 5 del Código Penal). La maniobra consistía en emitir, falsear firmas y cobrar indebidamente bonos de consultas y prácticas médicas inexistentes a la Obra Social Provincia (DOS).
La causa se originó tras la denuncia presentada el 12 de agosto de 2025 por autoridades de la entidad estatal, luego de que un afiliado advirtiera a través de la aplicación Ciudadano Digital (CIDI) que figuraban registradas y facturadas a su nombre diversas prestaciones de salud que jamás había solicitado ni realizado. A partir de allí, la investigación encabezada por el fiscal Gastón Mateo Salvio y la ayudante fiscal Ana Laura López constató que el sistema informático de la OSP permitía la emisión de órdenes sin requerir la presencia ni el carnet físico del paciente, facilitando la estafa sistemática en una clínica privada.
Durante las audiencias de formalización y ampliación de objeto, peritajes caligráficos y testimonios de múltiples damnificados confirmaron que las firmas de los bonos habían sido apócrifas y que el dinero fue efectivamente liquidado y abonado a los imputados. Mediante un acuerdo de juicio abreviado, la Justicia homologó penas de ejecución condicional fijadas según el volumen de órdenes truchas cobradas por cada profesional, junto a dos años de control bajo el Patronato de Liberados.
