Al cumplirse cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, la causa judicial mantiene instancias clave por resolver. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal tiene pendiente expedirse sobre el planteo formulado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), que solicitó encuadrar el ataque como una modalidad de violencia de género y violencia política hacia las mujeres, lo que podría modificar las calificaciones legales y elevar las penas impuestas a los condenados.
El planteo fiscal objeta el criterio inicial del Tribunal Oral Federal 6, que descartó la agravante al sostener que no se acreditó una animosidad individual contra el género femenino. Frente a ello, la fiscalía especializada remarcó la dimensión estructural de la violencia hacia las mujeres en la esfera pública contemplada en la Ley 26.485. En caso de que el máximo tribunal penal admita el recurso, podrá readecuar las penas o remitir el expediente al tribunal de juicio para una nueva determinación.
En el proceso penal principal, Fernando Sabag Montiel fue sentenciado como autor material a 10 años de prisión por homicidio en grado de tentativa, pena que al unificarse con un antecedente por material de abuso sexual infantil alcanzó un total de 14 años de reclusión en Ezeiza. Por su parte, Brenda Uliarte cumple una condena de 8 años y 2 meses como partícipe necesaria, mientras que Gabriel Carrizo resultó absuelto. En paralelo, la querella mantiene en trámite un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para reactivar la investigación sobre presuntos autores intelectuales y conexiones políticas.
