El gobierno británico ratificó su política comercial en las islas y aseguró que los cargos judiciales promovidos por la administración de Javier Milei «carecen de justificación legal». La respuesta de Londres surge tras el envío al Congreso del proyecto de Ley de Soberanía Nacional y una orden judicial de frenar obras en el yacimiento Sea Lion.
La disputa diplomática entre Argentina y el Reino Unido escaló en las últimas horas a un nuevo nivel de fricción internacional. Desde Londres, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo (FCDO) calificó como «inaceptables» y «sin justificación legal» las sanciones y denuncias penales promovidas por la Casa Rosada contra empresas y directivos que realizan actividades de exploración y explotación hidrocarburífera en las Islas Malvinas sin aval nacional.
A través de un comunicado oficial, la subsecretaria de Estado Parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, ratificó la posición histórica británica sobre la pretendida autodeterminación de los isleños y prometió asistencia y respaldo estatal a todas las compañías que operen en el archipiélago. El cruce directo se produjo luego de que el presidente Javier Milei remitiera al Congreso de la Nación la nueva Ley de Soberanía Nacional —que prevé penas de hasta 20 años de cárcel y multas millonarias para firmas que exploten recursos no autorizados— y tras el fallo de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que ordenó frenar cualquier avance en el megaproyecto petrolero Sea Lion adjudicado a las firmas Rockhopper y Navitas.
Claves del hecho | Lo que tenés que saber
- La declaración británica: El Reino Unido tildó de «inaceptables y sin justificación legal» las medidas argentinas contra empresas en Malvinas y garantizó protección jurídica a firmas multinacionales e inversores.
- El detonante normativo: El rechazo británico responde al proyecto de Ley de Soberanía Nacional enviado por Milei al Congreso, que amplía sanciones no solo al crudo, sino a cualquier recurso natural, con penas de prisión de hasta 20 años.
- Freno judicial en Tierra del Fuego: La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar ordenando a Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum abstenerse de continuar obras, perforaciones o extracción en el yacimiento Sea Lion.
- Respuesta de Cancillería: El Palacio San Martín emitió un «enérgico rechazo» a la guía comercial emitida por Londres y convocó formalmente a los embajadores del Reino Unido e Israel para entregar notas formales de protesta.
- Consejo de Seguridad Nacional: La iniciativa legal oficialista contempla además la creación de un órgano estratégico encabezado por el Presidente para coordinar de forma permanente herramientas jurídicas, económicas, de defensa y diplomáticas sobre el territorio austral.
FUENTE INFOBAE
