Un grave y sangriento episodio de violencia intramuros tuvo lugar en las instalaciones del Instituto de Menores Nazario Benavídez, donde un interno de 16 años de edad resultó apuñalado con una faca casera tras ser atacado por otro interno de 17 años. La víctima, quien permanecía alojada desde hacía cuatro meses en la institución estatal tras ser vinculada a la causa de un resonante robo cometido en una vivienda de Capital expediente del que fue desvinculado formalmente de los ultrajes sexuales perpetrados contra la dueña de casa y su hija, recibió al menos tres estocadas en el pectoral izquierdo, a escasos centímetros del corazón, lo que derivó en la intervención de su defensa técnica, que iniciará una demanda penal contra las autoridades del organismo por incumplimiento del deber de custodia y falta de garantías a la integridad física.
El hecho se desencadenó el pasado jueves en uno de los sectores comunes del centro de alojamiento de menores. Según trascendió de testimonios recabados tras el ataque, el agresor utilizó una punta carcelaria confeccionada con una barra de hierro del 8 afilada para arremeter de forma intempestiva contra el adolescente de 16 años. La gresca tuvo que ser neutralizada de urgencia por los coordinadores y operadores socioeducativos de turno, dado que el establecimiento no cuenta con presencia de guardia policial ni custodia del Servicio Penitenciario Provincial. Tras recibir las tres heridas cortopunzantes, el damnificado manifestó haber sentido un agudo zumbido en los oídos antes de desvanecerse en el suelo como consecuencia de la pérdida de sangre y el traumatismo torácico.
A raíz de la extrema gravedad de lo ocurrido y de las condiciones de vulnerabilidad en las que se produjo la agresión, la defensa técnica del menor confirmó que formalizará una denuncia penal contra las autoridades y directivos responsables del Instituto Nazario Benavídez. El planteo judicial apuntará a la negligencia en los protocolos de requisas y a la presunta comisión de delitos de acción pública por omitir resguardar de manera debida y efectiva la seguridad de las personas privadas de la libertad bajo la tutela del Estado provincial.
