Con el propósito de reducir la siniestralidad y ordenar el flujo vehicular en arterias clave, el departamento de Pocito pondrá en funcionamiento formal su nuevo sistema de fotomultas y videomultas a partir del próximo martes 1 de octubre. El esquema sancionatorio fue confirmado por el juez de Faltas municipal, Sergio Martín Escamilla, quien advirtió que el régimen contempla severas penalidades económicas que oscilarán entre los $250.000 y los $2.500.000 para las faltas más gravosas, sumadas a posibles inhabilitaciones para conducir de 15 días a un año.
Alarmante promedio en la etapa de prueba y 10 puntos fijos
El dispositivo tecnológico se desplegará en 10 intersecciones estratégicas de la comuna, donde se detectó un preocupante nivel de imprudencia durante el periodo de calibración y ensayo técnico iniciado a comienzos de año. «Hemos visto un promedio de 48 cruces con luz roja por día en tan solo 10 puntos de medición», alertó Escamilla en declaraciones radiales, remarcando la urgencia de aplicar herramientas disuasivas ante maniobras que ponen en riesgo la vida de peatones y automovilistas.
Respecto al esquema tarifario, el magistrado aclaró que el cálculo de las infracciones se actualiza a través de la ordenanza tributaria anual del municipio, mecanismo diseñado deliberadamente para desacoplar el costo de las multas de las oscilaciones y subas en el precio de los combustibles líquidos.
Validación humana y derecho a descargo
Frente a las dudas e inquietudes que suele despertar la fiscalización automatizada entre los conductores que transitan habitualmente por las arterias pocitanas, el titular del Juzgado de Faltas llevó tranquilidad y enfatizó que el sistema no operará de manera ciega: «Por más tecnología que se implemente, siempre estará la supervisión humana por si hay alguna falla», garantizó Escamilla. De esta manera, cada captura de video o fotografía pasará por un filtro de constatación técnica de inspectores y operadores antes de que se labre el acta formal de infracción, resguardando además el derecho de defensa de los vecinos mediante la presentación del descargo correspondiente en sede judicial.
