La investigación contra Carina Godoy, conocida como la «viuda negra», y su presunta red delictiva sumó este lunes un capítulo determinante en los tribunales provinciales. En una nueva audiencia de formalización ante la jueza de Garantías Mónica Lucero, la UFI de Delitos Informáticos y Estafas —encabezada por el fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari— amplió la acusación contra otros cinco sospechosos (cuatro que se entregaron tras estar prófugos y una mujer que se había descompensado el viernes), elevando a 11 la cantidad total de involucrados por integrar una presunta asociación criminal dedicada a estafar a ancianos en estado de extrema vulnerabilidad.
Los nuevos imputados fueron identificados como Juan Ignacio Gómez, Micaela Araya, José Rodríguez, Rocío Aguilera y una mujer de apellido Elizondo (quien debió ser asistida en el Centro Báez Laspiur por un pico de presión). De acuerdo con la hipótesis acusatoria, todos guardan lazos familiares directos con Godoy —entre ellos varios de sus 10 hijos y sus respectivas parejas— y habrían actuado como partícipes necesarios en un esquema integral de despojo patrimonial. Mientras dos de las imputadas oficiaban formalmente de supuestas «cuidadoras» de las víctimas, otros miembros facilitaban sus cuentas bancarias para triangular los fondos obtenidos a través de créditos fraudulentos gestionados con los datos personales de los adultos mayores.
El cuadro descripto por los fiscales expuso una trama de crueldad extrema: los damnificados —muchos de ellos con deterioro cognitivo severo o demencia senil y sin contención familiar— no solo eran endeudados con préstamos bancarios impagos, sino que resultaban despojados de sus viviendas particulares (algunas de alto valor inmobiliario en el microcentro sanjuanino) para ser recluidos bajo engaño y condiciones calamitosas en domicilios alejados, sospechándose privaciones ilegítimas de la libertad. En uno de los casos, tras el fallecimiento de un anciano, Godoy utilizó poderes amplios para transferir a su patrimonio tres propiedades, en las cuales actualmente residen los propios familiares imputados.
Pese a los planteos de la defensa técnica, a cargo de los abogados Gustavo De la Fuente y Franco Vázquez, la jueza Lucero convalidó un año de Investigación Penal Preparatoria (IPP) y dictó la prisión preventiva para todos los involucrados a fin de evitar el entorpecimiento probatorio y que mantengan comunicación entre sí, concediendo el beneficio de arresto domiciliario con custodia policial únicamente a las madres con hijos menores de cinco años a su cuidado.
