En el límite del plazo legal, los fondos Petersen y Eton Park —patrocinados y financiados por Burford Capital— presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. La medida constituye la última instancia procesal en la jurisdicción norteamericana para intentar anular el fallo de segunda instancia que eximió a la República Argentina de pagar una indemnización de 16.000 millones de dólares por la expropiación de YPF en 2012.
La presentación del writ of certiorari se concretó anoche tras una prórroga de un mes otorgada por la jueza Sonia Sotomayor, luego de que los demandantes alegaran sobrecarga de trabajo de sus representantes legales.
Una vía de baja probabilidad estadística
El ingreso del expediente al máximo tribunal de los Estados Unidos no garantiza que el caso sea aceptado para su tratamiento ni establece plazos automáticos de resolución. De acuerdo con las estadísticas judiciales de ese país, la Corte Suprema recibe entre 7.000 y 8.000 pedidos de revisión por período de sesiones y solo admite alrededor de 80 causas.
Incluso la propia firma Burford Capital reconoció previamente ante sus accionistas que la probabilidad estadística de que los tribunales estadounidenses concedan una revisión en esta etapa es reducida. Ante ese escenario adverso, los demandantes activaron de forma paralela un reclamo arbitral contra el Estado nacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente al Banco Mundial, proceso del cual la Procuración del Tesoro ya tomó conocimiento formal.
Los antecedentes del litigio
El caso registró un cambio de rumbo determinante el 27 de marzo de 2026, cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo de primera instancia dictado en septiembre de 2023 por la jueza Loretta Preska, el cual había condenado al país por el mecanismo de toma de control del 51% del paquete accionario de la petrolera.
Posteriormente, a comienzos de junio, la misma Cámara de Apelaciones rechazó un pedido de reconsideración presentado por los litigantes, dejando a la Corte Suprema como la única alternativa en los tribunales estadounidenses para reabrir la discusión de fondo.
