La extrema tensión política en la Cámara de Diputados escaló a un nivel inédito luego de que el bloque de La Libertad Avanza (LLA) presentara un proyecto de resolución para excluir al diputado Juan Grabois (Unión por la Patria) del cuerpo legislativo. La iniciativa, encabezada por la diputada Silvana Giudici y respaldada por toda la bancada oficialista, invoca el artículo 66 de la Constitución Nacional, que faculta a la Cámara a sancionar o remover a sus miembros por «desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones», medida que requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos en el recinto.
El conflicto se desencadenó durante la reunión plenaria de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, donde se debatía el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional vinculado a sanciones por la explotación irregular de recursos en las Islas Malvinas. De acuerdo con el texto acusador, Grabois interrumpió el debate a los gritos, profirió descalificaciones e incurrió en actitudes de intimidación física directa contra el legislador oficialista Gerardo Huesen, obligando a otros pares a interponerse para frenar agresiones corporales.
Insultos cruzados y acusación de «estrategia deliberada»
El informe parlamentario detalló que el dirigente opositor llamó «tontita» a la titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, Juliana Santillán, y al ser conminado por el presidente del plenario, Carlos Zapata, a retractarse, retrucó: «La estoy describiendo, no la estoy insultando». Tras el corte preventivo del micrófono, el diputado le gritó «facho de mierda» a Zapata, forzando el levantamiento definitivo de la reunión de comisiones.
A la presentación oficialista se sumó como prueba la publicación posterior de Grabois en la red social X, donde calificó a los legisladores oficialistas de «infames admiradores de Thatcher» que «entregan la patria». Para Giudici, estos antecedentes demuestran que «no se trató de un exceso al calor del debate, sino de una estrategia deliberada de atropello y provocación para sustituir la discusión parlamentaria». El pedido de exclusión suma un nuevo foco de conflicto a un Congreso ya caldeado por disputas reglamentarias y fuertes cruces verbales entre oficialismo y oposición.
