La sorpresiva retención de servicios llevada adelante por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en San Juan desató una enérgica reacción y un fuerte cruce institucional con el Gobierno provincial. En medio del malestar generalizado de los usuarios y de las gestiones en marcha para destrabar el conflicto, el subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, salió al cruce de la conducción gremial y calificó la medida de fuerza como «totalmente ilegal» debido a la absoluta falta de comunicación formal y presentación previa por parte de la entidad sindical. Asimismo, el funcionario advirtió que el expediente administrativo en curso podría derivar en severas sanciones económicas contra la organización gremial.
La falta de preaviso, el incumplimiento del plan de contingencia y la advertencia de «multa segura»
Detallando los pormenores del caso, Marchese explicó en diálogo con Radio Sarmiento —desde Buenos Aires, donde se encontraba cumpliendo funciones oficiales— que tomó conocimiento de la interrupción del transporte público a primera hora de la mañana, constatando que no había ingresado ningún tipo de notificación legal o aviso formal en la Subsectoría de Trabajo. Esta medida de fuerza comenzó durante las primeras horas del miércoles como respuesta a un profundo conflicto salarial mantenido con las empresas agrupadas en la Asociación de Transportadores de Pasajeros (ATAP), fundamentado por los choferes en diferencias dentro de la escala salarial y sumas acumuladas pendientes de cobro desde el mes de julio.
En la misma línea, el funcionario remarcó que el sindicato incurrió en una clara infracción al omitir los requisitos legales de preaviso obligatorio y al no presentar un plan de contingencia que garantizara un funcionamiento parcial o mínimo del servicio. Estas obligaciones se encuentran estrictamente contempladas en la normativa vigente para salvaguardar el interés público en actividades consideradas de importancia trascendental, tales como el transporte terrestre de pasajeros. Ante este escenario de incumplimiento normativo, Marchese fue categórico al sentenciar: «Si en teoría, como venimos diciendo, debería haber una multa segura». Finalmente, el titular de la cartera laboral anticipó que al regresar de su viaje oficial se abocará de lleno a evaluar los informes técnicos y legales para tipificar con precisión el carácter de la protesta y fijar las penalidades económicas correspondientes.
