En el marco de la cumbre de ministros y representantes de Comercio del G20 celebrada en Milwaukee, Estados Unidos, la República Argentina suscribió una declaración conjunta con otras 14 economías globales para manifestar su preocupación por la sobrecapacidad industrial y la producción manufacturera excesiva. Aunque el documento evita señalamientos directos con nombre y apellido, el pronunciamiento apunta de lleno al modelo de subsidios e intervención estatal de China y su fuerte desembarco en los mercados internacionales.
Alianza global contra las distorsiones de mercado
Además de Argentina y Estados Unidos, el texto fue avalado por Australia, Canadá, la Unión Europea, Francia, Alemania, India, Italia, Japón, Corea del Sur, México, Polonia, Turquía y el Reino Unido. Los países signatarios advirtieron que los excesos de producción sostenidos mediante políticas de Estado artificiales distorsionan los precios internacionales, alteran las cadenas de valor, desalientan la inversión privada y desplazan a las industrias que operan bajo reglas de mercado estricto, poniendo en riesgo el empleo local.
El análisis focaliza la lupa sobre cinco sectores neurálgicos para la transición tecnológica y energética: vehículos eléctricos, baterías, productos químicos, semiconductores básicos y paneles solares. Frente a este panorama, las delegaciones acordaron estructurar plataformas técnicas específicas por cada rama antes de diciembre de 2026, con el fin de cruzar datos no confidenciales, monitorear la capacidad instalada y coordinar medidas defensivas para blindar a las industrias nacionales.
Condena conjunta al trabajo forzoso en cadenas de suministro
En paralelo al documento principal, Argentina rubricó una segunda declaración trilaterial junto a Estados Unidos y México para erradicar los bienes elaborados mediante trabajo forzoso del comercio exterior. El pronunciamiento alerta que estas prácticas, además de violar gravemente los derechos humanos fundamentales, generan competencia desleal al abaratar costos de fabricación en forma ilícita frente a las empresas que cumplen la normativa laboral vigente. En este sentido, los tres países propusieron que la Organización Mundial del Comercio (OMC) intervenga en el control y trazabilidad de las cadenas de suministro de riesgo.
