Tras expirar el ultimátum diplomático de dos semanas otorgado por la administración de Javier Milei sin que el Reino Unido detuviera sus operaciones hidrocarburíferas en el Atlántico Sur, la Cancillería argentina —bajo la conducción de Pablo Quirno— ultima los detalles legales para presentarse esta semana ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, Alemania. La presentación solicitará medidas provisionales urgentes para congelar y paralizar cualquier actividad de desarrollo en la Cuenca Malvinas Norte mientras se tramita el arbitraje internacional de fondo.
La estrategia jurídica fue delineada de manera conjunta entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Procuración del Tesoro de la Nación (a cargo de Sebastián Amerio) y la Consejería Legal Internacional que encabeza el embajador Mario Oyarzábal. El proceso se ampara en el procedimiento del Anexo VII de la CONVEMAR (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar) activado a fines de septiembre. Dado que la constitución del tribunal arbitral definitivo puede demorar años, Argentina recurrirá al artículo 290.5 de la convención, que faculta al tribunal de Hamburgo a dictar medidas cautelares vinculantes y obligatorias para preservar los recursos naturales y evitar hechos consumados antes del laudo final.
La urgencia del yacimiento Sea Lion y los antecedentes clave
El argumento central de urgencia presentado por el Estado argentino radica en el acelerado avance del yacimiento Sea Lion, ubicado a 220 kilómetros al norte del archipiélago. La explotación es impulsada por la compañía israelí Navitas Petroleum (operadora con el 65%) y la británica Rockhopper Exploration (35%), quienes proyectan perforar once pozos submarinos hacia 2027 conectados a un buque factoría (FPSO), con miras a iniciar la extracción comercial a principios de 2028. De hecho, la reciente inyección de USD 44 millones anunciada por Rockhopper para alistar el buque FPSO OSX-1 ratificó la decisión de las corporaciones de avanzar pese al reclamo de soberanía argentino.
Entre los antecedentes que sustentan la expectativa oficial figura el precedente de la Fragata ARA Libertad en 2012, cuando el Tribunal del Mar ordenó a Ghana la inmediata e incondicional liberación del buque insignia en apenas un mes de tramitación, además del litigio marítimo de 2015 entre Ghana y Costa de Marfil, donde el órgano internacional prohibió realizar nuevas perforaciones en áreas bajo disputa.
