Una situación inédita forzó la suspensión del inicio de un juicio por abuso sexual intrafamiliar en Rawson. Cuando el tribunal colegiado se disponía a abrir el debate oral contra un hombre de 55 años, acusado de haber abusado sexualmente de su propia hija durante más de una década, se conoció la intempestiva renuncia de su abogado particular, Mario Morán, quien abandonó la representación técnica sin notificar previamente a su defendido. El hecho causó desconcierto en la sala de audiencias, donde el imputado, quien es hipoacúsico, aguardaba junto a una intérprete de lengua de señas.
Frente a la vulneración del derecho de defensa, el tribunal integrado por los jueces Mariano Carrera, Guillermo Adarvez y Mabel Moya resolvió convocar a la defensora oficial Sandra Leveque, letrada que ya había intervenido en la etapa de formalización en diciembre de 2025. Tras asumir la representación, Leveque solicitó que se evalúe la conducta profesional de Morán por dejar desamparado a su cliente al inicio del debate, planteo que los magistrados analizarán con posibles sanciones disciplinarias al cierre del proceso. Para permitir que la nueva defensa examine el expediente y organice la estrategia, el juicio fue reprogramado para el martes 20 de octubre, al tiempo que se prorrogó la prisión preventiva del acusado a pedido de la fiscal Claudia Ruiz Carignano y la ayudante fiscal Silvina Zogbe.
Más de una década de abusos y violencia intrafamiliar
La acusación del Ministerio Público Fiscal atribuye al imputado al menos cinco hechos de abuso sexual con acceso carnal, reiterados y agravados por el vínculo, la convivencia y la minoría de edad de la víctima, marco por el cual solicitará una condena de 15 años de prisión efectiva. La investigación determinó que los ultrajes habrían comenzado entre 2002 y 2003, cuando la menor tenía entre cuatro y cinco años, perpetrándose dentro del hogar mientras la familia dormía o en momentos de soledad. El calvario estuvo atravesado por violencia física y psicológica extrema, registrándose en 2015 un ataque en el que la víctima fue golpeada hasta perder la conciencia al resistirse a una agresión.
Ese mismo año, el agresor fue demorado por violencia doméstica y, tras recuperar la libertad, huyó hacia la provincia de Neuquén. La denuncia formal por los delitos contra la integridad sexual fue radicada recién en 2024, cuando la joven cumplió 25 años y accedió a contención psicológica especializada. A partir de esa presentación se emitió un pedido de captura nacional que concluyó en diciembre de 2025 con la localización y detención del sospechoso en el sur del país.
