En una jugada parlamentaria de alta tensión política desplegada apenas 24 horas antes de la sesión convocada por los bloques opositores para intentar voltear el mega DNU 70/23, el oficialismo de La Libertad Avanza cerró filas con sus aliados en la Cámara de Diputados. En un plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales —presidida por Nicolás Mayoraz—, los libertarios lograron emitir dictamen de mayoría para el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada tras aceptar una modificación sustancial: restituir de forma plena las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros que habían sido derogadas en diciembre por el decreto fundacional de la gestión de Javier Milei.
El movimiento legislativo funcionó como un salvavidas político y técnico para destrabar el respaldo de bancadas dialoguistas como la Unión Cívica Radical (UCR) y el PRO. Estos espacios expresaban un profundo rechazo a la extranjerización irrestricta de los campos y reservas naturales, pero al mismo tiempo rehuían de una derogación total del DNU 70/23, cuyos efectos voltearían desregulaciones estructurales en materia de alquileres, contratos laborales, prepagas, política aerocomercial y la eliminación de leyes testigo como las de Abastecimiento, Góndolas y Compre Nacional. Con esta concesión, el Gobierno busca minar la posibilidad de que el peronismo y los bloques opositores más duros alcancen el quórum reglamentario en el recinto para derribar el decreto, un desenlace que desde los despachos oficiales advertían que desataría un grave caos jurídico, económico e institucional.
El cruce en comisiones y la vuelta a la ley de 2011 El acuerdo se materializó a partir de una moción formalizada por el diputado radical Diógenes González, quien introdujo dos artículos clave al dictamen: el artículo 38, que deja formalmente sin efecto al artículo 134 del DNU 70/23, y el artículo 39, que devuelve la vigencia a la Ley 26.737 sancionada en diciembre de 2011. Esta normativa fija que los extranjeros no pueden poseer más del 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial o departamental, impide que una misma nacionalidad concentre más del 30% de dicho cupo y prohíbe taxativamente la compra de terrenos ribereños con cuerpos de agua permanentes o situados en zonas estratégicas de frontera. La determinación coincide, además, con el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que mediante una medida cautelar interina había ordenado reponer la vigencia preventiva de la norma.
La marcha atrás libertaria no pasó desapercibida durante el debate y desató una áspera réplica de la oposición. La diputada de Unión por la Patria Paula Penacca calificó la maniobra como un «manotazo de ahogado» para evitar una derrota mayor en el recinto, remarcando la contradicción doctrinaria de que la fuerza gobernante termine respaldando una ley impulsada durante la presidencia de Cristina Kirchner: “Me sorprende que los libertarios firmen un dictamen que va en contra de lo que piensa el Presidente, porque le puso la firma al DNU 70. ¿Van a retroceder en chancletas?”, cuestionó con dureza en el plenario.
Expropiaciones a valor de mercado y desalojos en 72 horas Más allá del capítulo de tierras rurales, el texto que unifica la iniciativa venida con media sanción del Senado introduce profundas reformas para garantizar la titularidad sobre los bienes inmuebles. El proyecto prohíbe al Estado realizar expropiaciones sin una acreditación rigurosa de utilidad pública y redefine la fórmula de compensación económica, la cual deberá saldarse estrictamente a valor real de mercado contemplando el lucro cesante. En materia de usurpaciones, el proyecto faculta una restitución sumaria exprés en un plazo no mayor a 72 horas siempre que el propietario legitime su derecho dominial, mientras que en los alquileres urbanos acorta los tiempos ante la falta de pago: el arrendador podrá intimar al inquilino otorgándole un plazo perentorio de solo 10 días para regularizar el monto o desalojar la propiedad. El debate central en el recinto de la Cámara baja quedó fijado para el próximo 21 de octubre, fecha tras la cual el texto volverá al Senado para su sanción definitiva.
