La Cámara Minera de la provincia se sumó al pedido de cambios en la normativa nacional, haciendo hincapié en que la precisión técnica es la única vía para destrabar proyectos de cobre a gran escala.
Un frente unido por la seguridad jurídica
Tras el posicionamiento a nivel nacional, la Cámara Minera de San Juan expresó su apoyo rotundo a la modificación de la Ley de Glaciares. Los referentes locales coincidieron en que el escenario actual de «incertidumbre normativa» es el principal obstáculo para que la provincia concrete su potencial como polo minero mundial.
Desde la entidad destacaron que no se trata de una discusión sobre protección ambiental sí o no, sino de establecer reglas claras. El sector empresarial local sostiene que la legislación vigente, debido a su redacción ambigua, ha sido utilizada para judicializar proyectos que cuentan con informes ambientales favorables, paralizando inversiones que generarían miles de puestos de trabajo en la provincia.
El cobre sanjuanino en la mira
El interés de la Cámara no es casual: San Juan alberga varios de los proyectos de cobre más importantes del mundo, situados en zonas cordilleranas. La reforma permitiría aplicar criterios científicos modernos para delimitar con exactitud las áreas protegidas, evitando que zonas de «periglaciar» sin funciones hídricas críticas bloqueen desarrollos productivos.
«La provincia tiene una oportunidad histórica con la transición energética global, y el cobre es el actor principal», señalaron desde la institución. Para los empresarios, la demora en la adecuación de la ley le resta competitividad a San Juan frente a distritos mineros de otros países que ya han resuelto estas disputas técnicas.
El pedido de un debate técnico, no ideológico
La Cámara Minera local instó a que el debate en el Congreso se aleje de las posturas ideológicas y se centre en el rigor científico. Aseguran que la industria moderna cuenta con la tecnología necesaria para operar de manera sustentable, respetando los glaciares como reservas de agua, pero permitiendo la actividad en áreas donde no hay afectación directa.
Con este respaldo, San Juan se posiciona como una de las voces más fuertes en la presión federal para que se avance con los cambios legislativos, entendiendo que el futuro económico de la provincia está intrínsecamente ligado a la resolución de este conflicto normativo.
