En una sesión maratónica que se extendió hasta la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó con una aplastante mayoría especial el proyecto de ley que reemplaza la Emergencia en Discapacidad —cuyo vencimiento operaba a fin de año—, ratificando la vigencia integral del sistema prestacional. La votación concluyó con 237 votos a favor, apenas 9 negativos y 4 abstenciones, un número que supera con holgura los dos tercios y deja prácticamente sin margen de veto al presidente Javier Milei, además de allanar su sanción definitiva en el Senado.
La sanción se destrabó luego de que la Casa Rosada y el bloque oficialista de La Libertad Avanza aceptaran dar marcha atrás con el polémico capítulo de ajuste incluido en el proyecto de Presupuesto 2027. Dicho apartado pretendía imponer el criterio restrictivo de «invalidez laboral», suprimir el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía de acceso directo, anular la compatibilidad con el trabajo formal y dar de baja el arancel único del nomenclador, lo que había desatado una fuerte resistencia social y tensiones internas en la propia mesa política libertaria.
Garantías económicas, CUD y empleo formal
El dictamen aprobado consolida puntos centrales para la protección del sector:
- Mantenimiento y actualización de haberes: Ratifica las pensiones no contributivas por discapacidad equivalentes al 70% de la jubilación mínima, preservando su ajuste periódico por inflación y el acceso a través del CUD.
- Compatibilidad laboral: Los beneficiarios con empleo registrado o adheridos a regímenes tributarios conservarán la pensión, siempre que sus remuneraciones no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
- Salud y prestaciones básicas: Se garantiza la cobertura del Programa Incluir Salud bajo los lineamientos de la Ley 24.901, asegurando el nomenclador universal y el arancel unificado.
- Financiamiento blindado: Partidas específicas a través del Ministerio de Salud con compensaciones obligatorias del Tesoro Nacional para impedir que los ingresos pierdan poder adquisitivo.
- Deuda con prestadores: El Ejecutivo deberá publicar en un plazo de 30 días el cronograma oficial de pagos y cancelar las deudas pendientes en un término máximo de 90 días.
- Controles y auditorías: Las fiscalizaciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad cruzarán datos con ANSES, ARCA, Renaper y SINTyS bajo la garantía de un «debido proceso inclusivo» antes de cualquier suspensión preventiva.
Tensiones en el recinto y cruces políticos
El consenso mayoritario congregó a La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y bloques provinciales junto a Unión por la Patria, que decidió respaldar el texto ante la aceptación gubernamental de sus condiciones y para eludir la amenaza de un veto a una simple prórroga. El diputado misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal) había condicionado el voto de su espacio a la eliminación explícita del recorte en el Presupuesto 2027, compromiso que fue convalidado en el recinto por el libertario Gerardo Huesen.
Por su parte, los nueve votos en contra provinieron de legisladores cordobeses de Provincias Unidas y de Unión por la Patria —encabezados por Gabriela Estévez, quien cuestionó que el debate no contó con la participación directa de las organizaciones en la redacción—, mientras que el Frente de Izquierda optó por la abstención señalando la falta de actualización en los pasivos con los prestadores.
