La Subsecretaría de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, conducida por Damián Villavicencio, aceleró dos sumarios administrativos por graves presuntos hechos de corrupción que sacuden las entrañas de la Policía de San Juan. Las pesquisas internas, que avanzan por carriles paralelos a las causas instruidas por las Unidades Fiscales de la Justicia ordinaria, se concentran en la compra irregular y desvío de equipamiento informático por $90 millones realizada en 2023 y en la desaparición de más de un centenar de pistolas reglamentarias de la División Armamento.
El primer expediente tiene origen en una licitación de mayo de 2023 —durante la gestión del exjefe Luis Martínez y el exsecretario de Seguridad Carlos Munisaga— financiada con fondos nacionales para adquirir 150 computadoras, 20 impresoras y 10 tablets. Una auditoría realizada al inicio de la gestión del gobernador Marcelo Orrego descubrió que los equipos figuraban en los libros contables pero nunca habían ingresado a los destinos asignados. Tras la denuncia judicial, el proveedor informó la existencia de los bultos en un galpón, pero las pericias técnicas confirmaron que eran máquinas con características muy inferiores y adulteradas respecto de las adquiridas. Por esta maniobra, serán citados a declarar como imputados en el sumario administrativo los tres integrantes de la comisión receptora: el comisario mayor retirado Santoni y los agentes en actividad Valverde y González.
Arsenal bajo la lupa y posible exoneración
La segunda línea de investigación aborda un faltante crítico dentro del depósito de la División Armamento, donde se constató la ausencia de más de 100 pistolas que formaban parte de un lote de 500 unidades compradas en agosto de 2022. La causa penal se encuentra en manos de la UFI Delitos Especiales, mientras que Control de Gestión investiga a entre 25 y 30 policías que cumplieron funciones de guardia, depósito y custodia en el sector para determinar en qué tramo de la cadena de custodia se perdieron las armas. Las autoridades advirtieron que, de acreditarse dolo o negligencia grave, las sanciones disciplinarias llegarán hasta la cesantía o la exoneración definitiva de la fuerza.
Gentileza: Tiempo de San Juan
