En una jornada de máxima tensión social y política que mantiene en vilo al gobierno de Emmanuel Macron, las fuerzas de seguridad francesas reprimieron este sábado con gases lacrimógenos y dispersaron concentraciones no autorizadas en distintos puntos del país. En las primeras horas de movilización, las autoridades reportaron la detención de al menos 135 personas y el decomiso de diversas armas caseras y de combate callejero que portaban integrantes de los contingentes más radicalizados, en un escenario de renovada ebullición protagonizado por el movimiento de los «chalecos amarillos», federaciones universitarias y sindicatos.
El ministro del Interior galo, Laurent Nuñez, aclaró que pese a los cruces iniciales en las calles «no se han registrado incidentes graves», aunque ratificó una postura de tolerancia cero frente a los desbordes: «Seremos intransigentes», sentenció el funcionario. La advertencia se tradujo en un imponente despliegue territorial que involucra a más de 70.000 uniformados, brigadas especiales de asalto, soldados de la misión antiterrorista Sentinelle, camiones blindados de la Gendarmería Nacional, además del rastreo aéreo constante con drones y helicópteros para blindar los centros urbanos y evitar que se repitan los saqueos y destrozos que sacudieron al país la semana pasada.
Toque de queda y el temor al efecto contagio en Europa Desde el Elíseo responsabilizan de los focos de violencia a «grupúsculos de ultraizquierda» —con células anarquistas, antifascistas y sectores autónomos— y a jóvenes de suburbios periféricos que aprovechan el caos para vandalizar comercios de grandes avenidas. Para contener la escalada, el Gobierno ya impuso toques de queda nocturnos en barrios críticos de las principales ciudades y restringió de manera tajante el derecho a manifestarse, permitiendo únicamente las convocatorias impulsadas por entidades sindicales formales.
El clima de confrontación callejera trasciende además las fronteras francesas: durante este sábado se programaron réplicas y marchas afines en España, Italia y Albania, impulsadas por el descontento de la juventud ante la pérdida persistente del poder adquisitivo, la suba del costo de vida y los elevados índices de desaprobación que acumulan los mandatarios de la región continental.
