A través de la Resolución 274/2026 de la Secretaría de Obras Públicas, el Gobierno de Javier Milei autorizó la apertura de una licitación pública nacional con un presupuesto asignado de $39.624.345.857,96 para contratar una consultora privada encargada de auditar y fiscalizar de manera integral las obras de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz. La firma seleccionada asumirá el monitoreo exhaustivo de los aspectos técnicos, ambientales, contractuales y administrativos vinculados al aprovechamiento hidroeléctrico La Barrancosa y su línea de extra alta tensión asociada, extendiendo sus funciones hasta la recepción formal y definitiva de los trabajos.
El procedimiento licitatorio se estructurará bajo la modalidad de etapa múltiple y el sistema de ajuste alzado, sin contemplar anticipos financieros para la adjudicataria. La medida responde a una solicitud expresa de la Dirección Nacional de Obras Hidráulicas ante la necesidad de contar con respaldo técnico especializado, en un contexto donde el Poder Ejecutivo —mediante el Decreto 238/2026 dictado en abril pasado— resolvió desplazar a la estatal Energía Argentina S.A. (ENARSA) como comitente de los proyectos para transferir la totalidad de los derechos, obligaciones y contratos a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, área dependiente del Ministerio de Economía, en paralelo al avance del proceso de privatización de la compañía energética nacional.
Un paso administrativo clave para el futuro del proyecto hidroeléctrico Desde el área de Infraestructura aclararon que la contratación de la consultora de inspección externa no implica por sí sola el reinicio inmediato de las tareas de construcción en el sur ni una nueva adjudicación formal a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) —conformada por China Gezhouba Group, Electroingeniería e Hidrocuyo—. No obstante, representa un eslabón administrativo y legal indispensable para dotar de control fiscal a una eventual reactivación de las represas, luego de que en marzo pasado se lograra un entendimiento previo para pautar las condiciones de planificación de las obras. La convocatoria oficial se difundirá durante 15 días en el Boletín Oficial, cumpliendo con los plazos regulatorios previstos.
