En una jornada histórica que sumió al país vecino en una profunda conmoción institucional, Santiago Peña presentó su renuncia como presidente de la República del Paraguay este jueves 5 de noviembre. La dimisión del mandatario se precipitó ante el inminente inicio de un juicio político en el Congreso promovido por la oposición y respaldado de manera unánime por su propio espacio, la ANR (Asociación Nacional Republicana, denominación oficial del Partido Colorado, la fuerza política gubernamental con mayoría en ambas cámaras legislativas). La crisis política estalló tras la intervención, disolución y cierre de la entidad financiera Ueno Bank, una medida que congeló los fondos de casi tres millones de ahorristas —cerca del 60% de la población adulta paraguaya— y desató un temblor económico y financiero.
El quiebre decisivo se consolidó a primera hora de este jueves cuando el expresidente paraguayo y actual titular de la ANR, Horacio Cartes —quien fuera el mentor político que llevó a Peña al poder en 2023—, anunció públicamente que el oficialismo no respaldaría al mandatario: «No estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Acompañamos el juicio político al presidente a los efectos de reencauzar la institucionalidad de la República», sentenció a través de sus canales oficiales. Minutos después, las bancadas coloradas en la Cámara de Diputados confirmaron que votarían a favor del libelo acusatorio, superando ampliamente la mayoría calificada de dos tercios requerida para avanzar a la Cámara de Senadores.
Las causas del colapso bancario y la investigación penal
La caída de la entidad crediticia se originó formalmente a fines de octubre, cuando Ueno Bank notificó al BCP (Banco Central del Paraguay, la autoridad monetaria encargada de la regulación y supervisión del sistema bancario del país) que no podía reponer un faltante de 70 millones de dólares correspondientes a su encaje legal obligatorio. El directorio del Banco Central ordenó la disolución del banco tras constatar maniobras por 123 millones de dólares con firmas vinculadas, el compromiso de fondos previsionales del IPS (Instituto de Previsión Social, el ente estatal encargado de la seguridad social y jubilaciones en Paraguay) y préstamos privilegiados.
La situación patrimonial de Peña quedó bajo la lupa de la Justicia debido a que declaró acciones por más de 6.100 millones de guaraníes en Ueno Holding. La Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal de oficio, en tanto la Justicia ordenó la prisión preventiva de Miguel Vásquez, fundador y principal accionista de la firma. Desde el bloque opositor del PLRA (Partido Liberal Radical Auténtico, la fuerza de oposición tradicional más relevante del país), legisladores advirtieron que impulsarán denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, administración en provecho propio y tráfico de influencias. El impacto económico inmediato se tradujo en una devaluación del 8% de la moneda local frente al dólar y una fuerte suba del riesgo país.
Línea de sucesión: Alliana y Barrios en la conducción
Frente a la renuncia del jefe de Estado, la Constitución paraguaya establece que la primera magistratura recaerá sobre el actual vicepresidente, Pedro Alliana, quien mantuvo reuniones de urgencia con Cartes para delinear el nuevo gabinete y asegurar la transición. Asimismo, en el Congreso parlamentario cobró fuerza la figura del senador colorado Antonio Barrios para ser designado por los legisladores como nuevo vicepresidente de la Nación para completar el mandato.
La gravedad del cuadro social despertó incluso el reclamo de figuras públicas: los jugadores de la Selección Paraguaya de Fútbol emitieron un comunicado colectivo exigiendo celeridad a la Justicia para proteger a los trabajadores damnificados que perdieron los ahorros de toda su vida tras el cierre de las sucursales.
(Fuente: Agencias internacionales / Transmisión oficial del Congreso de Paraguay)
