La investigación que puso bajo sospecha a la gestión de Sergio Uñac tuvo casi un año para llegar preparada a la audiencia de formalización. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal no pudo explicar con claridad los hechos ni ordenar las conductas que pretende atribuirles a once investigados. El papelón de este martes no demuestra que la causa tenga un trasfondo político, pero sí le da argumentos a quienes sospechan que detrás del expediente puede haber algo más que una investigación penal.
La audiencia de formalización por las presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum debía ser una oportunidad para que la Fiscalía de San Juan demostrara que tenía una investigación sólida entre manos. Después de meses de trabajo, allanamientos, secuestro de documentación y una convocatoria que incluía a figuras centrales de la anterior gestión provincial, los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro tenían que hacer algo elemental: explicar qué investigaron, qué delitos consideran que se cometieron y qué responsabilidad le atribuyen a cada uno de los once convocados.
No pudieron hacerlo. O, al menos, no de la manera que exige una instancia judicial de semejante trascendencia.
El resultado fue una audiencia desordenada, con una exposición que se extendió durante horas, interrupciones reiteradas de la jueza de Garantías Mónica Lucero y un cuarto intermedio hasta este miércoles a las 14.30. La magistrada tuvo que reclamar una y otra vez que se identificaran los hechos y las conductas concretas que se pretendían atribuir a los investigados. Incluso cuestionó la lectura que llevaba adelante el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi, quien parecía más concentrado en seguir un texto que en explicar una teoría del caso.
Hay algo más preocupante que la dificultad de un funcionario judicial para expresarse en una audiencia oral: que el Ministerio Público Fiscal no consiga transmitir con claridad cuál es el objeto de una investigación que lleva prácticamente un año de recorrido.
La audiencia arrancó de manera errática. En lugar de aprovechar la dinámica de la oralidad, Gerarduzzi decidió recurrir a un video de la época en que se anunció la construcción del Acueducto Gran Tulum, más de una década atrás. Una reconstrucción audiovisual que poco aportó a la necesidad central de ese momento: precisar qué se investiga y por qué once personas fueron convocadas a responder ante la Justicia.
La jueza Lucero terminó poniendo en palabras lo que debería haber sido una exigencia básica de la propia Fiscalía: orden, claridad y precisión. No se trata de un detalle de procedimiento. La formalización es el momento en el que los investigados deben conocer los hechos que se les atribuyen y contar con información suficiente para ejercer su defensa. No alcanza con una descripción general de una obra pública, una sucesión de expedientes administrativos y una enumeración de nombres.
La responsabilidad de semejante presentación recaía en Gómez y Pizarro. No en la jueza, no en los abogados defensores y mucho menos en los investigados.Una causa que nació bajo sospechaPara entender el traspié de este martes hay que volver al origen del expediente. La investigación comenzó en diciembre de 2025, a partir de una denuncia penal presentada por el abogado y excandidato a gobernador Marcelo Arancibia. El dirigente de GEN tomó como punto de partida una serie de publicaciones periodísticas que señalaban presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Krah América Latina para la provisión de cañerías del Acueducto Gran Tulum.
La historia tenía un componente político evidente. Las publicaciones apuntaban a Gustavo Monti, empresario ya fallecido, y a sus vínculos con la estructura de negocios que habría resultado beneficiada durante los gobiernos de Sergio Uñac. La denuncia buscaba determinar si existieron maniobras que perjudicaron al Estado provincial y si hubo responsabilidades de funcionarios y empresarios.
¿Puede haber existido un direccionamiento en favor de Krah? ¿Pudo haber sobreprecios o irregularidades en la adquisición de los materiales? ¿Hubo funcionarios que favorecieron intereses particulares? Por supuesto que son preguntas legítimas. Y precisamente por eso corresponde que la Justicia investigue.
El problema no está en investigar a Uñac, a sus exfuncionarios o a cualquier empresario que haya tenido negocios con el Estado. El problema aparece cuando una investigación de semejante magnitud parece avanzar sin que quienes tienen la obligación de conducirla puedan explicar con solvencia qué están buscando.
Tampoco es un dato menor quién impulsó la denuncia y en qué contexto. Arancibia, que había competido electoralmente por la Gobernación, decidió acudir a la Justicia después de que el uñaquismo perdiera el poder provincial. Su presentación se apoyó en información que ya había circulado en un medio digital que mantiene una conocida pulseada con el exgobernador.
Ese origen no invalida la denuncia ni convierte automáticamente en falsas las sospechas. Pero sí obliga a extremar los recaudos. Una investigación penal no puede convertirse en la prolongación de una disputa política o mediática. Mucho menos puede prestarse a que una denuncia impulsada desde un sector interesado termine funcionando como una sentencia anticipada.
La Fiscalía tenía casi un año para separar el ruido político de los elementos probatorios, verificar las publicaciones, reunir documentación, establecer responsabilidades y construir una hipótesis delictiva propia. No bastaba con reproducir los señalamientos periodísticos y convocar a los protagonistas de la gestión anterior.
De hecho, la investigación tuvo tiempo para realizar allanamientos en oficinas vinculadas con Krah y secuestrar documentación y computadoras. Hubo medidas investigativas. Lo que quedó expuesto este martes es que ese trabajo no se tradujo en una presentación judicial suficientemente ordenada y comprensible.La foto política que la Fiscalía no supo aprovecharLa jornada tenía, además, un condimento que excedía lo estrictamente judicial. Por primera vez, Sergio Uñac y Cristian Andino estuvieron sentados en la sala de audiencias de Tribunales para escuchar los motivos de una investigación que los puso bajo la lupa por su participación en la anterior gestión provincial.
La foto estaba. El exgobernador y el actual diputado nacional compartían el espacio reservado a los investigados, frente a la jueza y los representantes del Ministerio Público. Era una imagen de fuerte impacto político, de esas que rápidamente recorren los portales y las redes sociales.
Pero la Fiscalía no consiguió convertir esa oportunidad en un acto judicial serio. En lugar de exponer una acusación clara, dejó que la audiencia se consumiera entre lecturas, interrupciones y pedidos de aclaración.
Uñac aprovechó el desenlace para lanzar una dura crítica. «Nueve meses para traernos acá sin haber estudiado, rompiendo el principio de oralidad y leyendo todo. El que se lo escribió le tendría que haber dicho que lo tenía que estudiar y lo tenía que decir sin mirar», disparó.
También sostuvo que la investigación tenía un condimento político y que los representantes de la Fiscalía no conocían suficientemente aquello que debían exponer.
Es cierto que las declaraciones de un investigado deben leerse con la cautela correspondiente. Uñac tiene un interés evidente en desacreditar una investigación que lo alcanza. Pero eso no significa que todas sus críticas puedan descartarse por su condición de involucrado. Esta vez, la propia audiencia le proporcionó argumentos: la jueza Lucero tuvo que interrumpir reiteradamente la exposición y reclamarle al Ministerio Público que ordenara su presentación.
La paradoja es que la Fiscalía terminó dándole oxígeno al principal argumento defensivo del exgobernador. Si había una oportunidad para demostrar que el expediente no respondía a una operación política, era precisamente este martes. En cambio, la actuación de los fiscales dejó más preguntas que certezas.El fantasma del lawfare y la disputa por los fueros. El episodio tampoco puede analizarse de manera aislada de los movimientos que rodearon al expediente durante las últimas semanas.
La defensa del exdirector de OSSE Sergio Ruiz planteó que la causa debía pasar a la Justicia Federal, al considerar que el financiamiento de la obra involucró recursos nacionales. El planteo llegó a los tribunales de Comodoro Py, donde el juzgado federal pidió información sobre el objeto y el estado de la investigación.
La respuesta del fiscal Sebastián Gómez fue que no podía brindar determinadas precisiones porque la causa todavía no había sido formalizada. El juzgado federal insistió con el requerimiento y volvió a solicitar información a la jueza Mónica Lucero.
En paralelo, trascendió que abogados de los investigados presentaron una denuncia contra Gómez y Francisco Pizarro ante la Justicia Federal. Así, el expediente sumó otro frente de conflicto institucional.
La discusión sobre la competencia judicial abrió, además, un escenario que merece atención: el del forum shopping, es decir, la búsqueda estratégica de un fuero o jurisdicción que pueda resultar más conveniente para los intereses de alguna de las partes. No alcanza con que una defensa plantee la intervención federal para afirmar que existe una maniobra de ese tipo, pero tampoco corresponde ignorar las consecuencias que puede tener una disputa de competencia sobre el desarrollo de una investigación.
En ese contexto, la sospecha de lawfare —la utilización de mecanismos judiciales para perseguir o desgastar adversarios políticos— aparece como una hipótesis que los protagonistas ponen sobre la mesa y que el funcionamiento de la causa no consigue despejar.
No hay elementos para afirmar que exista una operación política detrás del expediente. Tampoco sería responsable dar por probado que la denuncia de Arancibia fue concebida como parte de una estrategia para perseguir a Uñac. Pero hay una combinación de factores que exige explicaciones: un denunciante con trayectoria y aspiraciones políticas, publicaciones periodísticas que precedieron a la presentación penal, un exgobernador enfrentado con el medio que difundió las sospechas y una investigación que ahora exhibe dificultades para sostener su propia exposición ante una jueza.
A eso se suma un Ministerio Público que conduce Guillermo Baigorrí, cuya actuación en este caso también queda bajo escrutinio. La Fiscalía no puede limitarse a responder que está investigando. Debe demostrar que lo hace con independencia, rigor y profesionalismo.
Y si el expediente tiene sustento, la mejor manera de despejar cualquier sospecha de persecución política es presentar pruebas y explicar los hechos con claridad. No alcanza con tener once nombres en una convocatoria ni con conseguir que dos dirigentes de peso se sienten en una sala de audiencias.Una oportunidad perdida para la JusticiaLa obra del Acueducto Gran Tulum merece una investigación a la altura de su importancia. Se trata de una infraestructura estratégica para San Juan, con millones de dólares comprometidos, financiamiento externo y una ejecución que terminó envuelta en cuestionamientos mientras la provincia debe afrontar obligaciones económicas por una obra inconclusa.
Si hubo corrupción, direccionamiento de contratos o perjuicio para el patrimonio público, los responsables deben responder. Y si no existieron delitos, quienes fueron señalados tienen derecho a que esa conclusión llegue sin dilaciones ni sospechas infundadas.
Pero ninguna de esas posibilidades se resuelve con una audiencia como la de este martes.
La Fiscalía tuvo meses para preparar el caso. Los investigados concurrieron a Tribunales. La jueza estaba en su lugar. La expectativa pública era enorme. Sin embargo, el Ministerio Público no consiguió cumplir con la tarea básica de explicar de manera ordenada qué estaba investigando y qué conductas pretendía atribuir.
El cuarto intermedio hasta este miércoles a las 14.30 le dará una segunda oportunidad. Gómez, Pizarro y el equipo que interviene en la causa deberán corregir lo que no pudieron hacer durante horas de audiencia.








