La audiencia de formalización de la investigación por las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum volvió a quedar en suspenso y pasó a un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo martes 17 de noviembre a las 14:30. La interrupción del trámite judicial se produjo luego de que las defensas plantearan un pedido de nulidad absoluta contra la actuación de la jueza de garantías Mónica Lucero, lo que impidió concretar por el momento la imputación formal de los 11 involucrados en el expediente.
El planteo de nulidad contra la jueza Lucero y el rechazo de la Fiscalía
El cuestionamiento fue impulsado por el abogado Juan Pablo Ortega —quien ejerce la defensa junto a Nasser Uzair de los exfuncionarios Sergio Ruíz, Guillermo Sirerol y Juan Antonio Sánchez— y contó con la adhesión de Marcelo Fernández, representante legal del senador nacional Sergio Uñac. Los letrados advirtieron sobre una posible nulidad absoluta por presunta vulneración de las garantías constitucionales y del derecho de defensa en juicio.
El eje de la objeción radica en una segunda recusación presentada contra la jueza Lucero tras una denuncia vinculada con su intervención en el legajo. Según sostuvieron los defensores, la magistrada rechazó por sí misma ese pedido de apartamiento en lugar de remitirlo al Tribunal de Impugnación para que lo resolviera otro juez, apartándose así del procedimiento fijado en el Código Procesal Penal y afectando la garantía de imparcialidad.
Desde el Ministerio Público Fiscal, el fiscal Sebastián Gómez rechazó de plano la solicitud al calificarla como una maniobra meramente dilatoria. Además, advirtió que convalidar ese criterio sentaría un precedente peligroso, ya que bastaría cualquier denuncia contra un magistrado o un fiscal para forzar su apartamiento de una causa. Ante la controversia, la jueza Lucero dispuso el cuarto intermedio para dar a conocer su resolución el martes 17 de noviembre.
La teoría del caso y los pedidos de imputación uno por uno
Previo al planteo de nulidad, el fiscal Sebastián Gómez y su equipo lograron concluir este miércoles la exposición de los hechos —luego de un llamado de atención de la jueza para que se respetara el principio de oralidad propio del Sistema Acusatorio— y solicitaron la formalización para 10 de los 11 investigados, junto con un plazo de investigación penal preparatoria de dos años por tratarse de un «legajo complejo» y medidas coercitivas leves, como el sometimiento al proceso. El único ausente fue el exministro de Infraestructura Julio Ortiz Andino, quien no asistió por un viaje programado con anterioridad y será imputado en una audiencia aparte.
En el detalle de las conductas atribuidas por la Fiscalía, los roles y encuadres provisorios quedaron definidos de la siguiente manera:
- Sergio Uñac (senador nacional y exgobernador): Se le atribuye haber influido desde la titularidad del Poder Ejecutivo —primero como vicegobernador y luego como gobernador— para flexibilizar controles y procedimientos que permitieran el ingreso de la firma Krah en las licitaciones, cuyo apoderado en San Juan tenía vínculo con un pariente suyo ya fallecido. Fue señalado provisoriamente por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
- Cristian Andino (diputado nacional y expresidente de OSSE): La acusación apunta a su gestión al frente de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) entre 2011 y 2015, etapa en la que se habrían modificado o flexibilizado exigencias técnicas y controles para favorecer la tecnología de Krah y su participación licitatoria. Se lo vinculó con presunta administración fraudulenta y delitos contra la función pública.
- Gustavo Mastelono (presidente y representante legal de Krah América Latina): La Fiscalía sostuvo que conocía las características técnicas de los productos de la empresa e intervino para lograr cambios procedimentales que habilitaran su contratación. Fue encuadrado provisoriamente como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta.
- Sergio Fabián Ruíz (expresidente de OSSE entre diciembre de 2015 y comienzos de 2019): Se le imputó haber participado activamente en la confección del pliego licitatorio, facilitar la intervención del departamento jurídico y otorgar en locación a Krah un predio de unos 900 metros cuadrados en la planta potenciadora de Marquesado sin verificar ni exigir contraprestaciones que nunca se habrían cumplido. Fue señalado como autor de defraudación por administración fraudulenta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
- Juan Carlos Caparrós (extitular de OSSE entre febrero y diciembre de 2019): Según la hipótesis fiscal, pese a conocer las fallas, pérdidas en las tuberías y problemas en el sistema de electrofusión, no intimó a las autoridades ni al fabricante y optó por contratar directamente a una consultora con perjuicio económico para el Estado. Se lo acusó como autor de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Guillermo Sirerol (expresidente de OSSE entre diciembre de 2019 y octubre de 2023): Fue señalado por no resolver las deficiencias de las cañerías, suscribir un convenio con una UTE (Unión Transitoria de Empresas) reconociendo la falta de resultados de la tecnología sin aplicar sanciones a la contratista, y avanzar con la reinstalación de tuberías y un nuevo acuerdo por 250 millones de pesos perjudicial para las arcas públicas. Se le atribuyeron en carácter de autor los delitos de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Humberto Gonzalo Caballero (actual juez laboral y exfuncionario de OSSE): Se le cuestionó su rol en la elaboración de pliegos y comisiones de preadjudicación sin objetar irregularidades, además de emitir un dictamen desfavorable basado en información presuntamente no verídica que excluyó a otra empresa oferente omitiendo documentación respaldatoria. Fue señalado como partícipe necesario de defraudación por administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
- Juan Antonio Sánchez, Francisco Javier José Correa y Rolando Vicente Caruso (exfuncionarios técnicos y auditor de OSSE): A Sánchez se le atribuyó haber intervenido en la elaboración de pliegos y comisiones de preadjudicación; a Correa, haber auditado e intervenido en ambas licitaciones sin objetar irregularidades ni advertir la falta de aptitud de las tuberías; y a Caruso, haber participado en el direccionamiento de la licitación e incorporado una disposición mediante una circular cuya vigencia estaba cuestionada. Los tres fueron encuadrados provisoriamente como partícipes necesarios de defraudación por administración fraudulenta y autores de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Gentileza: Diario de Cuyo.








