En diálogo con Radio Colón, el abogado Leonardo Miranda, representante de la querella por la familia de Franco Jara, analizó el avance de la causa tras la audiencia de formalización, reveló detalles contundentes del informe de autopsia y apuntó con dureza contra el accionar de los efectivos policiales que participaron del procedimiento en Albardón.
Durante la entrevista, el letrado fue categórico al afirmar que el joven “ha sido asesinado” y subrayó que la autopsia resultó determinante para establecer una muerte violenta provocada por un edema pulmonar y un traumatismo encéfalo-craneal. “Le partieron la cabeza y lo patearon en el pecho, en la espalda, por todos lados; aparte tiene escoriaciones por todos lados”, precisó Miranda, descartando de plano cualquier intento de las defensas por atribuir el fallecimiento a una eventual mala praxis médica o a una atención sanitaria posterior. “Franco Jara murió por los ataques físicos que le dieron las personas que estaban sentadas en el banquillo”, sentenció.
“Un catálogo de todo lo que no se tiene que hacer como policía”
Al describir la mecánica del procedimiento, el abogado querellante calificó lo ocurrido como “una locura” y sostuvo que constituyó “un catálogo para exponerlo en una facultad de todo lo que está mal, de todo lo que no se tiene que hacer como policía”. Según detalló, los uniformados ingresaron a un domicilio sin orden de autoridad competente, abordaron a la víctima, la sacaron a golpes hacia el exterior ya esposada y le infligieron sufrimiento físico para intentar “arrancarle una confesión” sobre la supuesta existencia de droga. “La verdad que es una tortura. Así lo expuse ayer: una tortura, literal”, remarcó.

En ese sentido, Miranda adelantó que la querella exigirá que todos los funcionarios policiales que intervinieron en el despliegue sean llevados a juicio y condenados, sin distinguir entre quienes golpearon directamente y quienes cumplieron tareas de cobertura con escopetas o permanecieron en la vereda y en el móvil. Explicó que, al revestir el carácter de funcionarios públicos, tenían la obligación legal de hacer cesar el obrar ilegítimo o denunciarlo de inmediato ante las autoridades competentes, por lo que su pasividad configura responsabilidad penal por omisión y participación necesaria en un ataque en estado de indefensión.
Por ese mismo motivo, cuestionó la decisión del Ministerio Público Fiscal de solicitar la liberación de uno de los seis efectivos involucrados —de menor jerarquía—, al considerar que su inacción frente a un contexto delictivo también lo compromete en la investigación.
Videos clave y posible reclamo ante organismos internacionales
Finalmente, el representante de la familia Jara destacó que la fiscalía —a cargo del fiscal Ginsberg— continúa incorporando elementos de convicción fundamentales, entre los que mencionó numerosos testimonios, videos registrados por vecinos y grabaciones de la propia comisaría, material que permitirá corroborar las responsabilidades y determinar si existen más implicados.
Asimismo, advirtió que, en caso de no alcanzar una respuesta acorde en la Justicia provincial, agotarán todas las instancias y llevarán el caso al ámbito nacional y supranacional bajo los alcances de la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, tratado con jerarquía constitucional en la Argentina.







