En un nuevo avance de la causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, la Justicia Federal dispuso el inicio de la ejecución de bienes y el embargo de cuentas de la expresidenta.
En un giro determinante para el desenlace de la Causa Vialidad, la Justicia avanzó formalmente contra el patrimonio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La medida surge como parte del proceso de ejecución de la sentencia que la condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, tras ser hallada culpable de administración fraudulenta.
La resolución, que busca asegurar el resarcimiento económico al Estado por el perjuicio ocasionado en las 51 obras viales otorgadas al empresario Lázaro Báez, ordena la ejecución de sus bienes y la actualización de los embargos que pesan sobre sus activos.
Los puntos clave de la resolución
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), encargado de llevar adelante el cumplimiento de la sentencia, ha puesto el foco en los activos declarados por la exmandataria. Entre los puntos más relevantes de la medida se destacan:
- Tasación de inmuebles: Se ha dispuesto la tasación actualizada de las propiedades que forman parte del patrimonio de la exvicepresidenta, principalmente aquellas ubicadas en la provincia de Santa Cruz y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
- Inhibición de cuentas: La orden judicial alcanza a cuentas bancarias y participaciones societarias, buscando garantizar que el monto del decomiso dispuesto en la condena original —estimado en cifras millonarias— sea cubierto.
- Decomiso de bienes: La medida no solo afecta a Kirchner, sino que se extiende a otros condenados en la misma causa, con el fin de recuperar el dinero desviado a través del esquema de corrupción en la obra pública.
El contexto de la condena
Cabe recordar que la condena contra Cristina Kirchner fue ratificada por la Cámara de Casación Penal, la cual validó las pruebas presentadas por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. La justicia determinó que existió una «extraordinaria maniobra de defraudación» que benefició sistemáticamente a las empresas de Lázaro Báez, quien también enfrenta penas de prisión.
«Estamos ante una etapa procesal donde la sentencia, más allá de las instancias de apelación ante la Corte Suprema, comienza a tener efectos prácticos sobre el patrimonio de los involucrados», señalaron fuentes judiciales cercanas al caso.
La reacción del entorno kirchnerista
Desde el sector político que lidera la expresidenta, la medida fue recibida como una nueva instancia de «persecución judicial» o lawfare. Sus abogados defensores sostienen que la ejecución es prematura, dado que aún resta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronuncie sobre el recurso extraordinario presentado por la defensa.
Sin embargo, para los jueces del TOF 2, el avance en la identificación y aseguramiento de los bienes es un paso necesario para evitar la insolvencia o la dilación del resarcimiento al erario público.
Lo que sigue en la causa
- Resolución de la Corte Suprema: Se espera que el máximo tribunal defina si confirma o revoca la condena de forma definitiva.
- Monto total del decomiso: Una vez finalizadas las tasaciones, se determinará si los bienes embargados cubren el daño total calculado por la Justicia.
- Situación de otros imputados: El proceso de ejecución también avanzará sobre Nelson Periotti, José López y el propio Lázaro Báez.
FUENTE: Agencia NA
