El flamante camarista Esteban de la Torre civil brindó una entrevista exclusiva en Radio Colón, donde expuso la crítica situación que atraviesa el Fuero de Familia en San Juan. Con una carga laboral que calificó de insostenible, el magistrado detalló los desafíos de un sistema que, aunque ha mejorado su gestión, se encuentra sobrepasado por la realidad social.
Una realidad que supera la capacidad operativa
Durante la charla, el camarista fue contundente al referirse a la demora en las resoluciones judiciales, un reclamo constante de la sociedad. «La gente es entendible que crea que su problema debe ser resuelto ya, porque su problema es ya y los tiempos de la justicia no son los tiempos de la gente», afirmó, reconociendo la urgencia de los conflictos familiares.
Sin embargo, los números que aportó son alarmantes: «El Fuero de Familia tiene 36.000 causas en trámite y somos solo 4 jueces para atenderlas». A pesar de contar con un equipo de aproximadamente 150 personas que «no tiene vida realmente» por la carga horaria, la desproporción entre expedientes y magistrados es evidente.
Comparativa regional y el modelo de gestión
El magistrado comparó la situación local con provincias vecinas para contextualizar la eficiencia del sistema sanjuanino. Señaló que Mendoza cuenta con 26 jueces de familia y San Luis con 12, evidenciando que San Juan opera con una estructura mucho más reducida.
A pesar de esto, destacó que el nuevo sistema de gestión mediante oficinas judiciales ha permitido agilizar procesos que antes tomaban años. «En Mendoza un juicio de alimentos demora entre 3 y 4 años; acá, si un abogado lo lleva al día, en dos o tres meses tiene sentencia», explicó, aunque aclaró que este plazo sigue sin ser el ideal.
Hacia una solución estructural
Al ser consultado sobre la necesidad de incorporar más jueces, la respuesta fue afirmativa. «¿Son suficientes 4 jueces? No, claramente no lo son», sentenció. Si bien existe una decisión de la Corte de Justicia de aumentar el número de magistrados, el camarista recordó que esto depende de una decisión política y de la asignación de presupuesto.
