Desde este lunes, la provincia de Salta implementa de manera oficial un régimen de controles sorpresivos y obligatorios para detectar el consumo de drogas ilegales en los máximos niveles del Estado. La medida, oficializada bajo la Ley Provincial Nº 8533, alcanza desde el gobernador hasta los concejales de cada municipio.
La iniciativa, impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz, busca garantizar la transparencia e idoneidad en el ejercicio de la función pública, eliminando cualquier margen de duda sobre la capacidad de quienes toman decisiones clave para la ciudadanía.
¿A quiénes alcanza la medida?
El control no admite excepciones dentro de la jerarquía estatal y abarca a los tres poderes del Estado:
Poder Ejecutivo: Gobernador, vicegobernador y ministros.
Poder Legislativo: Diputados y senadores provinciales.
Poder Judicial: Jueces de la Corte y magistrados del Ministerio Público.
Gobiernos Locales: Intendentes y concejales.
Nuevos ingresos: Todo personal que desee ingresar a organismos de control o estructuras estatales.
¿A quiénes alcanza la medida?
El control no admite excepciones dentro de la jerarquía estatal y abarca a los tres poderes del Estado:
- Poder Ejecutivo: Gobernador, vicegobernador y ministros.
- Poder Legislativo: Diputados y senadores provinciales.
- Poder Judicial: Jueces de la Corte y magistrados del Ministerio Público.
- Gobiernos Locales: Intendentes y concejales.
- Nuevos ingresos: Todo personal que desee ingresar a organismos de control o estructuras estatales.
Sustancias bajo la lupa: Los test rápidos buscarán detectar la presencia de metabolitos de:
Cocaína
Cannabinoides (Marihuana)
Opioides
Anfetaminas
Benzodiacepinas y Barbitúricos
El procedimiento: Rigor y derecho a defensa
El sistema se basa en la sorpresa para garantizar la efectividad del control. En caso de que un funcionario arroje un resultado positivo en la prueba rápida, se activará un protocolo de confirmación:
- Análisis de laboratorio: Se realizará un estudio de mayor rigor científico en laboratorios designados por sorteo.
- Cadena de custodia: Se asegurará la integridad de la muestra en todo momento.
- Derecho a contraprueba: El funcionario podrá solicitar un nuevo análisis para ejercer su defensa.
Consecuencias legales: La ley es taxativa respecto a las sanciones ante un caso positivo confirmado. Si el funcionario es designado, la detección de sustancias será causal inmediata de remoción.
En el caso de los cargos electivos o magistrados con estabilidad (quienes no pueden ser despedidos de forma directa), el resultado positivo activará los mecanismos constitucionales de destitución, tales como el juicio político o el jurado de enjuiciamiento.
«No es una sugerencia institucional, sino una norma de cumplimiento estricto para toda la estructura estatal», enfatizó el ejecutivo salteño al momento de la promulgación.
