Leonardo Santiago Furlotti Barassi enfrenta cargos por estafa e incumplimiento de deberes de funcionario público. Se le acusa de haber solicitado $250.000 a un paciente para una operación en el Hospital César Aguilar. Hubo tensión por testigos dubitativos y el faltazo de la directora del nosocomio.
Este martes 12 de mayo, el banquillo de los acusados recibió al médico Leonardo Santiago Furlotti Barassi en el inicio del juicio oral y público que conmociona al departamento de Caucete. El profesional está bajo la lupa de la justicia por, presuntamente, haber quebrado la gratuidad de la salud pública al exigirle dinero a un paciente para una intervención quirúrgica.
Un testimonio clave y un «faltazo» con advertencia judicial
La primera jornada estuvo marcada por las declaraciones del personal de salud del Hospital César Aguilar. Los testigos fueron contundentes al explicar el funcionamiento administrativo: el Estado costea el 100% de los insumos y «bajo ningún concepto» se le pide dinero a los pacientes.
Sin embargo, el clima se tensó cuando una enfermera respondió con evasivas ante las consultas de la querella, asegurando desconocer las consecuencias legales de cobrar por servicios públicos.
Pero el dato que generó mayor malestar fue la ausencia de la directora del hospital, Diana Martínez. Al no presentarse ni justificar su falta, el juez Alberto Caballero —a pedido del fiscal Nicolás Schiattino— lanzó una fuerte advertencia: si no se presenta mañana miércoles a las 8:00 hs, será trasladada por la fuerza pública.
El origen: una transferencia de Mercado Pago
La causa contra el cirujano salió a la luz de la peor manera. Axel Fabián Marinero (34) fue operado por Furlotti Barassi tras sufrir un corte en el tendón de Aquiles. Lamentablemente, Marinero falleció días después por una afección cardíaca (causa por la cual el médico fue sobreseído al demostrarse que el paciente no tomó su medicación).
Fue durante la investigación de ese fallecimiento que la familia de la víctima reveló un dato clave: el médico le habría solicitado $250.000 para supuestas «suturas e implantes». La prueba de fuego del Ministerio Público Fiscal son los chats de WhatsApp y un comprobante de transferencia desde la cuenta de Naranja X de la víctima hacia el Mercado Pago del cirujano.
El pedido de la Fiscalía
La UFI Delitos Especiales, representada por Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández, sostiene una acusación firme. Solicitan una pena de:
- 3 años de prisión de cumplimiento condicional.
- 6 años de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos.
La querella, a cargo de la Dra. Josela Echegaray Moya, acompaña el pedido, mientras que la defensa del médico es ejercida por Mario Morán y Francisco Furlotti Barassi (hermano del imputado). El debate continuará mañana con la expectativa puesta en la declaración de las autoridades del hospital.
