El ministro de Minería, Juan Pablo Perea, cruzó con dureza a su par riojano Ernesto Pérez, quien pretendía manotear recursos de la millonaria exploración minera. Con los tapones de punta y las leyes sobre la mesa, el funcionario de Marcelo Orrego advirtió que no van a ceder un solo centímetro de territorio sanjuanino: «Las declaraciones de La Rioja son falsas», sentenció.
El Gobierno de San Juan salió a cortar de raíz la última embestida de la vecina provincia de La Rioja, que busca meter cuña en la administración de los recursos del megaproyecto minero Lunahuasi, operado por la empresa Vicuña. El encargado de poner los puntos fue el ministro de Minería local, Juan Pablo Perea, quien utilizó sus redes sociales para responderle con términos durísimos al ministro de Producción riojano, Ernesto Pérez.
«Las declaraciones del ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, son falsas. Lunahuasi está íntegramente en San Juan: lo establece la Ley Nacional 18.004, sancionada por el Congreso en 1968 y ratificada por el Digesto Jurídico Argentino», disparó Perea, dejando en claro que la soberanía de nuestra provincia no está bajo discusión.
Una ley de 57 años que La Rioja pretende ignorar
La postura de San Juan no es un capricho, sino que se asienta sobre un andamiaje jurídico y técnico imbatible. El ministro desglosó los argumentos que desarman la avanzada del gobernador peronista Ricardo Quintela:
- Límites indiscutibles: La jurisdicción territorial está plenamente definida por una ley nacional que lleva 57 años aplicándose sin interrupciones, bajo gobiernos de todos los signos políticos.
- Ratificación reciente: Los límites interprovinciales fueron ratificados nuevamente en el año 2014 por el Digesto Jurídico Argentino, por lo que San Juan acusa a La Rioja de «inventar un conflicto que jurídicamente no existe».
- Yacimiento en regla: Lunahuasi cuenta con la propiedad minera vigente y la correspondiente declaración de impacto ambiental aprobada por la única autoridad competente: el Gobierno de San Juan.
Mentiras geográficas y el mito del glaciar El Potro
Desde el área minera sanjuanina también salieron a tumbar las acusaciones riojanas sobre un supuesto impacto ambiental en el glaciar El Potro. Perea tildó ese argumento de «geográficamente falso» y explicó que una cadena montañosa separa físicamente el glaciar del área donde se perfora, lo que vuelve imposible cualquier vinculación o contaminación ambiental.
Para colmo de La Rioja, la cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional documenta que ese glaciar desciende mayoritariamente hacia territorio chileno y, en una porción menor, hacia La Rioja, pasando lejísimos de la zona de exploración sanjuanina.
Nada de «compartir» las ganancias
El ministro sanjuanino rechazó de plano la propuesta de La Rioja de crear un «área común» operativa y económica, similar al modelo que tienen Salta y Catamarca para el litio. Perea tildó la comparación de «impropia» porque en el norte el modelo se basa en salares compartidos físicamente, mientras que Lunahuasi está metido adentro de territorio sanjuanino claramente delimitado. Por ende, no existe ninguna figura legal que obligue a San Juan a repartir la administración de sus recursos exclusivos.
El detonante: el oro de los Lundin
La desesperación de la gestión de Quintela por revisar leyes de límites que tienen más de medio siglo no es casualidad. Coincide justo con el reciente anuncio del Grupo Lundin, que confirmó el hallazgo de importantes concentraciones de oro en Lunahuasi. Al oler la riqueza del proyecto, La Rioja salió a reclamar aduciendo de forma insólita que parte de la infraestructura vial utilizada por las mineras pasa por su territorio, mencionando la ruta 153 por la localidad de Guandacol.
La respuesta de San Juan ante esta presión fue tajante: la provincia está construyendo el polo minero más importante de la Argentina y eso exige seguridad jurídica y respeto entre provincias. Si bien las puertas al diálogo institucional están abiertas, Perea advirtió que no van a admitir que se discutan límites cerrados por ley hace cinco décadas, intimando a La Rioja a dejar de presionar para intentar quedarse por la fuerza con lo que no le corresponde por derecho.
