La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que el país ingresó formalmente en la secuencia de pasos técnicos para incorporarse al Programa de Exención de Visa (Visa Waiver). El beneficio alcanzará a quienes viajen por turismo o negocios por un plazo máximo de 90 días corridos. Tras mantener una cumbre clave con la subsecretaria de Asuntos Consulares de la Casa Blanca, la funcionaria detalló que el proceso involucra de forma coordinada a la Cancillería, Interior y el Renaper para garantizar la trazabilidad de los datos biométricos. Además, el fuerte control para el Mundial 2026: enviaron una lista negra de 34.000 argentinos —entre barras y deudores alimentarios— que no podrán pisar los estadios.
La política exterior y de seguridad de la administración libertaria anotó un avance sustancial en su estrategia de alineamiento internacional con Washington. El Gobierno de Javier Milei formalizó el inicio del complejo proceso administrativo para que los ciudadanos argentinos queden eximidos del trámite de la visa consular tradicional a la hora de ingresar a los Estados Unidos. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, fue la encargada de ponerle fecha estimada a la puesta en marcha del beneficio, proyectando que, de mantenerse el ritmo actual de las mesas técnicas bilaterales, el sistema de Visa Waiver estará plenamente operativo durante los primeros meses del año 2027.
La confirmación llegó tras una serie de reuniones de alto nivel en Buenos Aires. Monteoliva recibió en la sede de la cartera de Seguridad a la subsecretaria de Asuntos Consulares de los Estados Unidos, la funcionaria norteamericana que comanda de forma directa el programa global de exenciones. Durante la cumbre, las autoridades de la Casa Blanca elogiaron la firmeza de los controles locales, definiendo a la Argentina como el principal socio estratégico de la región y reconociendo explícitamente que el territorio nacional es el lugar «donde más le está costando penetrar al narcotráfico, al contrabando y al terrorismo».
Un proceso multiagencial enfocado en la trazabilidad de datos
Lejos de tratarse de una simple concesión de tintes diplomáticos, la ministra aclaró en declaraciones a la señal LN+ que la incorporación definitiva requiere cumplimentar una rigurosa secuencia de exigencias técnicas donde se evalúa la seguridad nacional. El plan de inserción se ejecuta bajo un formato de «gobierno completo», entrelazando las bases de datos informáticos de distintas dependencias del Estado con los servidores de la seguridad aeroportuaria estadounidense.
Para blindar la frontera y el flujo migratorio, el Estado argentino coordina las siguientes terminales operativas:
- Ministerio del Interior y Renaper: Se trabaja activamente en la homologación del registro y encriptación de la información de los ciudadanos, garantizando la trazabilidad absoluta de los pasaportes y los datos biométricos emitidos en el país.
- Ministerio de Relaciones Exteriores: La Cancillería lidera el andamiaje legal y los convenios de reciprocidad internacional indispensables para destrabar el estatus que el país perdió tras la crisis del año 2002.
Filtro estricto para el Mundial 2026: 34.000 excluidos
En paralelo a la agenda de exención de visados a mediano plazo, el Ministerio de Seguridad dio detalles precisos de la implementación del programa Tribuna Segura de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se disputará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá. En cumplimiento estricto con los acuerdos de cooperación firmados con las agencias de seguridad norteamericanas, el Gobierno argentino remitió una abultada base de datos unificada para impedir el ingreso a los estadios de miles de compatriotas.
El listado de exclusión total enviado a las autoridades anfitrionas contempla a un total de 34.000 argentinos. El bloque principal está compuesto por cerca de 21.000 personas sujetas al derecho de admisión debido a sus antecedentes comprobados de violencia en espectáculos de fútbol y nexos con las barras bravas. Sin embargo, la novedad metodológica radica en la incorporación de un lote de 13.000 deudores alimentarios morosos, incluidos formalmente en la nómina tras la firma de un convenio específico con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Aquellos ciudadanos que figuren en estas categorías verán bloqueado su ingreso a cualquiera de las sedes mundialistas mediante el cruce de datos en tiempo real.
Cohesión en el Gabinete, sueldos de las fuerzas y el cerco a las cárceles
Hacia el final de su intervención, la titular de Seguridad se tomó un espacio para evaluar la dinámica política de la coalición oficialista y bajarle el tono a los rumores de cortocircuitos internos dentro de los despachos de la Casa Rosada. Monteoliva blindó la figura del Jefe de Estado al asegurar que «en el equipo de trabajo del Presidente todos gozamos de su credibilidad». Si bien reconoció que existen debates recurrentes respecto a las formas o los tiempos de ejecución de las medidas, remarcó que existe una coincidencia plena y sin fisuras respecto al norte político y al rumbo general de la administración.
En lo que respecta a la gestión interna de sus áreas asociadas, la ministra anticipó que trabaja junto al Ministerio de Defensa en una inminente recomposición salarial destinada tanto a las Fuerzas Armadas como a las fuerzas de seguridad federales. En sintonía con las reformas de reestructuración, ponderó el impacto del desmantelamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), detallando que la reciente adjudicación de la cobertura médica de la Gendarmería Nacional y de la Prefectura Naval a la empresa Medicus representa «un antes y un después» definitivo en la calidad prestacional del personal operativo.
Finalmente, en el plano del control penitenciario, Monteoliva ratificó el avance de la campaña de neutralización tecnológica dentro de los penales del país. La funcionaria informó que, mediante minuciosos operativos ejecutados en conjunto con los juzgados federales y provinciales, ya se procedió al secuestro, bloqueo y destrucción total de más de 4.500 teléfonos celulares que eran utilizados de forma ilegal por los internos para coordinar la comisión de delitos e ilícitos desde el interior de los pabellones.
