En una jornada marcada por una fortísima paridad de fuerzas y cruces de alto voltaje político, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó el proyecto de desregulación impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa cosechó 139 votos afirmativos gracias al blindaje legislativo de La Libertad Avanza y el PRO, frente a 96 rechazos de la oposición dura. La ley sepulta decenas de regulaciones históricas —desde la ley de azotes hasta el carnet de mochilero— catalogadas como «anacrónicas» por el Palacio de Hacienda, al tiempo que el oficialismo logró desactivar una maniobra opositora que pretendía sentar en el banquillo de los acusados al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El tratamiento de la Ley de Derogación de Legislación Obsoleta —bautizada popularmente en los pasillos del Congreso como «Ley Hojarasca»— reactivó el pulso parlamentario en la Cámara Baja este miércoles. Ideada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, la mega-iniciativa superó con éxito su primer gran test legislativo al cosechar 139 votos a favor, 96 en contra y 9 abstenciones.
La sesión especial, convocada desde las 10:00 de la mañana por el jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, se desarrolló bajo una atmósfera de extrema hostilidad. El bloque oficialista debió transpirar la camiseta para consolidar el quórum estricto de 129 bancas y, en la misma maniobra, logró neutralizar una contraofensiva de los bloques de Unión por la Patria y la izquierda. La oposición buscaba copar el recinto con una sesión propia para votar la interpelación forzada de Manuel Adorni, salpicado por denuncias sobre presuntas inconsistencias en su declaración de bienes patrimoniales.
La poda normativa: ¿Qué se elimina del mapa legal argentino?
La columna vertebral de la ley estipula la derogación lisa y llana de 58 leyes nacionales, la modificación de artículos específicos de otras 8 normativas y la anulación de dos decretos presidenciales de gestiones anteriores. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, capitaneada por Maximiliano Fariña, defendió la poda argumentando que la maraña legal vigente generaba «conflictos, confusión y burocracia inútil».
El proyecto clasifica la «hojarasca» legislativa a erradicar en seis grandes universos:
Clasificación de las leyes a eliminar por el Congreso
1. Leyes superadas y pisadas por normativas posteriores.
2. Normas obsoletas debido al avance tecnológico.
3. Restricciones que atentan contra las libertades individuales.
4. Trámites que generan burocracia estatal innecesaria.
5. Normas referidas a ministerios u organismos ya disueltos.
6. Entidades con financiamiento del Tesoro pero sin actividad real.
Entre las reliquias jurídicas más llamativas que dejarán de tener vigencia en el Código Civil y Comercial una vez que el Senado ratifique la sanción, se encuentran la tristemente célebre ley de azotes (heredada del siglo XIX), la ley de microfilmación, la «ley de mochileros» y un paquete de regulaciones sobre laboratorios públicos de medicamentos que, según las auditorías libertarias, jamás construyeron un solo edificio ni ejecutaron los presupuestos asignados por el Estado.
Negociaciones a contrarreloj y concesiones a las «castas» aliadas
El texto definitivo que obtuvo luz verde este miércoles sufrió severas modificaciones de último momento respecto al borrador original remitido por la Casa Rosada el pasado 26 de marzo. Para evitar fugas de votos en los bloques dialoguistas del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) e Innovación Federal —quienes habían estampado su firma en el dictamen de mayoría el 21 de abril—, La Libertad Avanza tuvo que ceder ante varios pliegos de exigencias corporativas.
Los artículos que se salvaron de la motosierra: A pedido de los gobernadores y las bancadas aliadas, el oficialismo excluyó de la derogación a la Ley 11.380, que regula el otorgamiento de líneas de créditos blandos del Banco Nación para cooperativas. Asimismo, los legisladores se auto-preservaron dos privilegios históricos: la Ley 20.959 (que les garantiza la credencial de libre tránsito y circulación sin restricciones por todo el territorio nacional) y los fondos estatales destinados al sostenimiento financiero del Círculo de Legisladores de la Nación.
El laberinto legislativo: un parto de casi dos años
La victoria parlamentaria de este miércoles representa una bocanada de oxígeno para el Ejecutivo, coronando un derrotero legislativo que parecía empantanado de forma permanente. El proyecto original había sido enviado al Palacio del Congreso a mediados de 2024, pero terminó perdiendo estado parlamentario en los cajones de las comisiones sin siquiera rozar el debate en el recinto.
Con la reactivación del año legislativo, el Gobierno reingresó la pieza el 26 de marzo de 2026. A pesar de haber dictaminado con velocidad el 21 de abril, las sesiones programadas para fines de ese mes se desplomaron sucesivamente por las insalvables dificultades para garantizar la asistencia perfecta de los diputados aliados, sumado a las rispideces en torno a las investigaciones sobre el entorno del jefe de Gabinete. Ahora, con la media sanción bajo el brazo, Sturzenegger traslada la presión política al Senado, donde el oficialismo se topará con un terreno mucho más árido y condicionado por el peso de los gobernadores provinciales.
