El joven de 18 años fue detenido tras un allanamiento en su domicilio, luego de que un reporte informático detectara archivos prohibidos vinculados a su cuenta. Seguirá el proceso en libertad.
Un joven de 18 años, estudiante de la carrera de Contador Público Nacional en la Universidad Nacional de San Juan, quedó formalmente imputado por la Justicia local en una causa que investiga la tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil. El sospechoso, identificado como Juan Carlos Cornejo González, fue detenido el pasado martes en el departamento Caucete y recuperó la libertad este jueves tras celebrarse la audiencia de formalización del caso.
La investigación penal se originó a partir de un reporte emitido el 14 de abril por la unidad especial de delitos informáticos con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El informe técnico detectó que, durante los días 11 y 12 de abril, se habían subido siete archivos de video con contenido prohibido a la plataforma Google Fotos desde una cuenta cuyos datos de registro, servidor y titularidad coincidían con el domicilio y la identidad del imputado en el este sanjuanino. Las autoridades judiciales constataron que el material audiovisual exponía a menores de edad siendo sometidos a abusos por parte de adultos.
Tras las tareas de investigación preliminar llevadas a cabo por los peritos locales para corroborar la localización y la identidad del investigado, la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Informáticos y Estafas procedió al allanamiento de la vivienda, logrando la captura del joven y el secuestro de teléfonos celulares, computadoras y diversos dispositivos de almacenamiento para su posterior análisis forense.
Durante la audiencia de control de detención presidida por el juez de garantías Mariano Carrera, el fiscal Nicolás Alvo le atribuyó formalmente el delito de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravado por la edad de las víctimas. Debido a que la escala penal prevista para esta calificación permite la ejecución condicional, el Ministerio Público Fiscal no requirió la prisión preventiva, por lo que el magistrado otorgó la libertad del acusado y fijó un plazo de 8 meses para el desarrollo de la investigación penal preparatoria.
