La figura de Gustavo Omar Ahumada quedó bajo la lupa judicial. Al millonario fraude financiero que se mudó al fuero federal, se le suman graves antecedentes por irregularidades operativas en una cantera de Usno.
El avance de la causa por la presunta megaestafa de la firma Global Market no solo puso bajo examen las complejas maniobras financieras atribuidas a Gustavo Omar Ahumada, sino que también reactivó el interés sobre su historial en el ámbito productivo local. Su nombre aparece directamente ligado a una serie de expedientes judiciales en el departamento Valle Fértil por graves irregularidades operativas, accidentes laborales de consideración y un deceso en circunstancias trágicas en el interior de una cantera de cuarzo.
Más allá del fraude millonario, el legajo de Ahumada incorpora un antecedente registrado el 27 de diciembre de 2024 en la mina «El Jote», ubicada en la localidad vallista de Usno. Allí, un obrero identificado como Esteban Calivar sufrió un grave accidente al ser aplastado por una pila de rocas, sufriendo traumatismo encéfalo craneano y múltiples lesiones. La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Delitos Especiales determinó que la cantera operaba de manera clandestina, ya que se encontraba formalmente inhabilitada desde septiembre de 2023 y acumulaba suspensiones de la Policía Minera por falta de seguridad; la causa por lesiones culposas e incumplimiento del Código Minero contra Ahumada se extinguió tras una instancia de conciliación privada.
El historial del predio minero cuenta con un hecho aún más severo: en 2021, el trabajador Víctor Eugenio Cortez falleció en el lugar tras una explosión. Durante los peritajes de clausura, las autoridades judiciales detectaron un polvorín ilegal y secuestraron cerca de 250 kilos de gelamon (un explosivo de alto poder) almacenados sin autorización, parte del cual debió ser destruido in situ por el peligro de detonación. Esta maniobra derivó en la intervención de la Justicia Federal por la tenencia ilegal de material explosivo de uso regulado.
En tanto, el expediente por la megaestafa de Global Market dio un vuelco clave esta semana. El juez de Garantías Javier Figuerola se declaró incompetente y remitió la causa al fuero federal tras un planteo del fiscal Nicolás Alvo, quien sostuvo que las maniobras configuran delitos de lavado de activos, manipulación de mercado e intermediación financiera no autorizada. Según la hipótesis fiscal, Ahumada y su socio Miguel Ángel Cañada desviaban los fondos de los inversores hacia la firma GMI Inversiones y utilizaban auditorías falsas desmentidas por la Comisión Nacional de Valores. Al día de hoy, el caso acumula 47 denuncias formales y un perjuicio económico estimado en 2.900 millones de pesos, cifra que promete incrementarse.
