Una investigación iniciada por la sustracción de ruedas de auxilio a vehículos particulares derivó en un grave caso de corrupción policial interna y el descubrimiento de un faltante masivo de insumos en los depósitos oficiales. Este martes, el cabo Franco Nicolás Narváez Rivero (29), perteneciente a la División Automotores (D-4), fue formalmente imputado bajo la carátula provisoria de peculado, tras comprobarse que parte de los neumáticos secuestrados en un allanamiento pertenecían a la Policía de San Juan.
La causa se originó en la órbita de la fiscal Claudia Salica a raíz de al menos 12 hechos delictivos cometidos entre junio y julio, perpetrados con el mismo modus operandi contra automóviles estacionados en la vía pública. Las pesquisas derivaron en un allanamiento ejecutado en una vivienda del Barrio Natania 20. En dicho domicilio, la propietaria —cuñada de Narváez— reconoció que el efectivo le había pedido guardar una partida de cubiertas debido a que no tenía espacio en su casa y proyectaba abrir una gomería particular.
El procedimiento provocó un vuelco drástico en la causa: al constatarse el origen sospechoso del cargamento, las autoridades ordenaron una auditoría inmediata sobre el inventario del D-4, donde se constató el faltante de 90 neumáticos oficiales. Ante la confirmación de que el material hallado correspondía a la repartición pública, la causa incorporó la intervención del fiscal Roberto Ginsberg, de la UFI Delitos Especiales, encargada de juzgar delitos cometidos por integrantes de las fuerzas de seguridad.
Declaración, acusaciones cruzadas y libertad bajo medidas cautelares
Narváez se desempeñaba desde hacía varios años como gomero oficial en el taller de Automotores, lo que le otorgaba acceso directo a los depósitos y depósitos de repuestos de los móviles policiales. Durante la audiencia judicial, el imputado prestó declaración, negó las acusaciones y afirmó haber adquirido las cubiertas secuestradas «de buena fe», al tiempo que apuntó hacia la cúpula de la dependencia advirtiendo sobre presuntas maniobras irregulares entre sus superiores.
Su abogado defensor, Faustino Gélvez, solicitó la investigación formal de los dichos del policía y la excarcelación de su asistido. Finalmente, el juez de Garantías Diego Sanz resolvió imputar a Narváez y concederle la libertad bajo estrictas reglas de conducta: el uniformado deberá presentarse cada 15 días ante la comisaría de su jurisdicción, con prohibición de salida y la retención de su teléfono celular para pericias informáticas, mientras la Justicia profundiza la cadena de responsabilidades en la fuerza provincial.
