La directora del organismo, Elina Peralta, confirmó que se busca agilizar el sistema legal para recuperar viviendas que no cumplen su función social y volver a sortearlas entre quienes esperan en el padrón.
“Hemos detectado más de 300 casas deshabitadas a través de denuncias, hoy tenemos focalizadas entre 300 y 400”, reveló Peralta al describir la magnitud del problema de las casas entregadas por el organismo estatal que permanecen vacías o sin uso permanente, lo que va abiertamente contra la normativa.
La funcionaria destacó que se diseñó un equipo específico y un curso de seguimiento para evitar que estos expedientes se pierdan en la burocracia, logrando hasta el momento avanzar sobre un centenar de casos. De ese total, unas 40 viviendas ya han sido revocadas en primera instancia, lo que significa el inicio del proceso legal para que el Estado recupere el bien.
Las «trampas» para simular habitabilidad
El proceso de recuperación actual se enfrenta a diversas estrategias que utilizan algunos adjudicatarios para evitar perder la propiedad. Peralta detalló que existen situaciones donde las personas realizan pequeñas ampliaciones o mantienen la casa amoblada e incluso sacan fotografías para simular que viven allí.
Sin embargo, la prueba reina aparece al contrastar estos datos con los registros de servicios públicos: “el medidor tiene cero consumo”. Esta incongruencia es una de las pruebas clave que utiliza el instituto para avanzar, aunque el trámite suele volverse tedioso debido al derecho de defensa y los descargos familiares.
Ante este escenario, la directora del IPV subrayó la necesidad imperiosa de contar con una ley provincial que agilice los plazos judiciales, ya que el sistema actual impone frenos que dilatan la resolución definitiva. Peralta señaló que es fundamental que los legisladores se involucren para terminar con estas picardías, especialmente considerando que hay casi 100.000 sanjuaninos esperando una oportunidad en el padrón.
Alerta por morosidad: la mitad no paga la cuota
La sostenibilidad del esquema de vivienda social en la provincia depende hoy más que nunca del compromiso de los adjudicatarios. “El sistema del IPV es un sistema solidario y ya no depende de fondos nacionales”, destacó Peralta, recordando que ante la quita de fondos de Nación, la provincia debe autofinanciarse.
En este sentido, la funcionaria lamentó que actualmente exista un 50% de morosidad en el pago de las cuotas, una cifra alarmante que impide reinvertir en la construcción de nuevos barrios.
Para combatir esto, el instituto comenzó una campaña de intimaciones más rigurosa, haciendo hincapié en que tanto la falta de ocupación como la falta de pago son causales legales de revocación. El foco inicial estará puesto en aquellas familias que, según el cruce de datos, tienen ingresos suficientes para cumplir con la cuota pero no lo hacen.
La premisa de la gestión actual es clara: el IPV debe funcionar como una cadena de favores donde el pago de quien ya tiene su hogar financie el sueño de la próxima familia, garantizando justicia y transparencia en cada recurso provincial.
