El proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero que ingresó a la Legislatura busca regular el impacto económico de la actividad en San Juan, en pleno auge del cobre y los incentivos del RIGI. La propuesta del Ejecutivo provincial apunta a medir, transparentar y potenciar la participación de la comunidad en la cadena de valor de la industria, reemplazando normativas obsoletas que no se aplicaban en la práctica.
El eje central de la iniciativa se enfoca directamente en el mercado de trabajo, estableciendo como meta que el 80% de los trabajadores de cada proyecto minero tenga residencia en la provincia, con prioridad absoluta para los habitantes de los departamentos que forman parte de las zonas de influencia directa de los yacimientos.
A diferencia de los rígidos cupos obligatorios del pasado, este texto propone un esquema dinámico de Planes de Desarrollo de Empleo y de Proveedores que las empresas deberán presentar cada dos años. Las mineras y sus contratistas principales tendrán que trazar metas progresivas y rendir cuentas de forma periódica. Si no logran alcanzar los porcentajes estipulados, la obligación de justificar técnicamente los desvíos activará de manera automática programas de capacitación conjunta entre el Estado y el sector privado para calificar a la mano de obra local.
El esquema de compre local representa el otro pilar fundamental de la normativa, orientando a las compañías a destinar el 60% del monto anual de sus compras operativas a proveedores de San Juan, bajo la condición de que la oferta local sea competitiva en precio, calidad y capacidad de respuesta.
Para la fiscalización de estas metas se implementarán herramientas específicas de control y gestión. Entre ellas se destaca la creación del RE.PRO.MIN (Registro de Proveedores Mineros de San Juan), una base digital pública donde las firmas inscriptas deberán certificar domicilio operativo, tributación provincial y una planta compuesta por un mínimo de 80% de personal sanjuanino. Además, las empresas mineras estarán obligadas a publicar anticipadamente sus cronogramas estimados de contratación para dar previsibilidad a la cadena de valor local.
El proyecto contempla un régimen de incentivos y penalidades para garantizar su cumplimiento. Las operadoras que alcancen simultáneamente las metas de empleo y compras locales recibirán un Certificado de Crédito Fiscal transferible para cancelar impuestos provinciales, mientras que los incumplimientos que no cuenten con una debida justificación técnica recibirán multas severas de hasta 60.000 Unidades Tributarias.
El Ministerio de Minería será la autoridad de aplicación de la norma, coordinando tareas junto a un Consejo Consultivo público-privado y una Unidad Técnica Interministerial destinada a auditar el valor agregado local declarado. La propuesta, que deroga la antigua Ley 1208-M, busca fijar reglas claras en el sector y establece que, una vez aprobada, las empresas contarán con un plazo de entre 60 y 90 días para presentar sus primeros planes de acción.
