El Gobierno de San Juan, encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, envió a la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa estratégica que busca ordenar la relación entre las grandes operadoras del sector y la economía provincial, con eje en el empleo y las compras locales.
Conocida en el ambiente como la “ley de proveedores”, la propuesta fue trabajada en consenso con cámaras empresarias e industriales y apunta a fortalecer la cadena de valor sanjuanina sin imponer cupos rígidos, sino a través de metas, incentivos y mecanismos de control.
El objetivo central es claro: más trabajo local, más participación de pymes y mayor previsibilidad para el ecosistema minero en la provincia de San Juan.
Los 10 puntos clave del proyecto
1. Meta del 80% de empleo local
Las mineras deberán diseñar planes para alcanzar hasta un 80% de trabajadores residentes en la provincia, con prioridad para las zonas de influencia directa de cada proyecto.
2. 60% de compras a proveedores sanjuaninos
Se establece como objetivo que al menos un 60% de las contrataciones anuales se realicen a empresas locales, siempre que sean competitivas.
3. Planes de desarrollo obligatorios
Las operadoras y sus principales contratistas deberán presentar estrategias con metas progresivas de empleo y compras, que serán revisadas cada dos años.
4. Nace el registro Repromin
Se crea el Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), una base pública y digital que habilitará solo a empresas con arraigo real en la provincia para operar con el sector.
5. Más previsibilidad para las pymes
Las mineras deberán publicar sus planes de compras y licitaciones, permitiendo a los proveedores locales anticipar demandas y prepararse para competir.
6. Incentivos fiscales por cumplimiento
Quienes alcancen simultáneamente las metas de 80% de empleo y 60% de compras locales podrán acceder a créditos fiscales transferibles.
7. Mayor transparencia en las contrataciones
Se establecen procedimientos públicos de adjudicación y publicación de resultados para reforzar el control sobre las operaciones.
8. Prioridad al valor agregado local
El registro clasificará a los proveedores según su aporte productivo, favoreciendo a quienes generen mayor valor agregado en la provincia.
9. Articulación con los municipios
Las acciones de responsabilidad social empresaria deberán coordinarse con los planes municipales en áreas como educación, salud e infraestructura.
10. Control y sanciones
El cumplimiento será supervisado por el Ministerio de Minería junto a un consejo consultivo. Las sanciones podrán llegar a multas de hasta 60.000 unidades tributarias o la suspensión del registro.
